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sábado, 15 de agosto de 2026
viernes, 7 de agosto de 2026
lunes, 3 de agosto de 2026
UN GOBIERNO DESPIADADO: Murió el jubilado enfermo de cáncer que se cansó de pedir auxilio (CON VIDEO)
DENUNCIÓ QUE PAMI LE NEGABA LA MEDICACIÓN ONCOLÓGICA Y MURIÓ SIN CONSEGUIRLA 💔🥲 pic.twitter.com/xyyC4iJ006
— mavica (@mavica7) August 3, 2026
❗️ UN JUBILADO DENUNCIA QUE EL GOBIERNO LO ABANDONÓ EN PLENO TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER: “BAJÉ DE 52 A 43 KILOS: ME ESTOY MURIENDO DE A POCO”
— Diagonales (@diagonalesweb) July 22, 2026
El jubilado Gabriel García Varde volvió a denunciar el abandono que atraviesa mientras lucha contra el cáncer y aseguró que su estado… pic.twitter.com/gdjl7jIcUy
EN JUNIO
martes, 2 de junio de 2026
domingo, 31 de mayo de 2026
jueves, 21 de mayo de 2026
jueves, 7 de mayo de 2026
lunes, 4 de mayo de 2026
🗣️ El Gobierno planea reducir los juzgados federales que investigan las causas de corrupción
No cubrirá las vacantes y apunta a una nueva ley para acotar los tribunales de Comodoro Py a los 8 juzgados actuales
El nuevo Poder Judicial que diseña el Gobierno de Javier Milei planea reducir de 12 a 8 los juzgados federales de Comodoro Py y no cubrir las cuatro vacantes que hay actualmente, según anticiparon a LA NACION fuentes que están al tanto de las negociaciones en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura.
Esta idea es similar a la que tiene el Gobierno para la Cámara Federal de Casación Penal donde también hay cuatro vacantes, con concursos avanzados, pero la intención de la Casa Rosada es dejarlas sin cubrir y reducir el tribunal de 13 a 9 jueces.
Este cambio en la arquitectura del Poder Judicial va mucho más allá de los cálculos matemáticos y de las necesidades de optimizar los recursos, sino que es una modificación en la distribución del poder.
La primera razón para reducir la estructura de los juzgados federales de Comodoro Py es la disminución de la cantidad de causas en trámite.
Los jueces federales porteños intervienen en los casos que implican a funcionarios públicos nacionales en asuntos de corrupción, en narcotráfico, trata de personas, y asuntos de terrorismo y lavado de dinero.
Pero los expedientes disminuyeron. La estadística oficial de la Corte Suprema de Justicia señala que los expedientes que ingresan por año a la Cámara Federal son 1602. Es decir 800 por sala, unos 70 por mes por sala contando las vacaciones.
En primera instancia existen 12 juzgados federales. Por lo tanto, las causas en trámite, si bien algunas muy complejas y voluminosas, se reducen a un centenar por cada juzgado.
El contraste es mayor cuando estos juzgados tienen una dotación de empleados que, en algunos casos, es cuatro veces mayor que en otros tribunales, según dijeron fuentes judiciales.
La otra cuestión tiene que ver con cómo se distribuye el poder en la primera instancia de Comodoro Py. Los jueces federales eran seis hasta que, en los noventa, comenzaron las investigaciones de las causas de corrupción contra Carlos Menem. Allí se activó una reforma para diluir el poder de estos jueces.
Menem duplicó la cantidad de juzgados de 6 a 12, nombró nuevos jueces y fiscales, elegidos por su cercanía y confianza, y ascendió a los viejos jueces a camaristas, para que sean menos molestos.
Así surgieron los 12 juzgados federales de Comodoro Py y los jueces se convirtieron en poderosos magistrados que decidían sobre la libertad y la hacienda de los funcionarios, siempre con aceitados vínculos con el poder político y económico.
Se perpetuaron como los “jueces de la servilleta”, llamados así porque supuestamente el exministro menemista Carlos Corach decidió sus nombres anotándolos en una servilleta en un bar, según denunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
La mayoría de los jueces 4 X 4 de los noventa, conocidos así por su camionetas estacionadas en el playón de Comodoro Py, ya fueron removidos, renunciaron o se jubilaron. Sobrevivieron Claudio Bonadio -fallecido en 2020 ocupando su cargo- y María Servini.
En los 2000, los servicios de inteligencia comenzaron a tener incidencia sobre los jueces federales de primera instancia. Durante el kirchnerismo, el poder judicial de Comodoro Py circuló entre los canales que comunicaban al espionaje con los magistrados. Así fue hasta que el poderoso jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, rompió con Cristina Kirhchner.
Actualmente hay cuatro vacantes entre los juzgados federales. Permanecen en sus cargos María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.
Dejaron sus cargos en los últimos años Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, que se jubilaron; Sergio Torres, que fue designado en la Suprema Corte bonaerense, donde es presidente y Claudio Bonadio, que falleció.
A pesar de los concursos en marcha en el Consejo de la Magistratura para cubrir estas vacantes, hay ideas en el Gobierno, en el Consejo de la Magistratura y en el Congreso para dejar todo como está.
Se trataría de modificar la ley de organización de la justicia federal y cambiar la cantidad de juzgados, como se piensa que podría suceder con la Cámara Federal de Casación Penal, donde los camaristas prefieren quedarse como están, con nueve integrantes, sin cubrir las vacantes.
No todos están de acuerdo con esta solución, que sirve para concentrar poder entre los jueces que ya están y relegan a los que podrían ingresar.
“Hay cargos que son los mas importantes en términos institucionales en la justicia federal, que no se concursan porque ponen gente amiga: eso esta mal, es una deficiencia muy grande”, dijo a LA NACION una fuente judicial, que no mira con buenos ojos la gestión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py se asimilan a singlistas, tenistas que hacen su juego, según la metáfora más elegante con la que uno de ellos se describió a sí mismo.
Con mayor grado de malevolencia, en la política prefieren hablar de jueces “guiados por el darwinismo”, donde cada uno lucha por sus objetivos, contratos, cargos, apadrina a algún candidato, o posiciona a sus allegados, como ocurrió con la esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de San Martín.
Los 8 jueces federales en funciones actúan de manera casi aislada. Quedaron atrás los años en que Ariel Lijo era quien nucleaba a la mayoría y su despacho se convertía en la sede de reuniones entrado el mediodía, donde se ponían de acuerdo.
Lijo, tras su fallido intento por ser juez de la Corte, regresó a su juzgado y al que subroga, donde concentra la mayor cantidad de causas de corrupción que afectan al Gobierno de Javier Milei.
No volvió a ser el delegado de los jueces federales, pero todos le reconocen su cintura política y su llegada con sector del caputismo en la interna del Gobierno coloca a todos de un lado o del otro de Karina Milei.
El juez más cercano a Lijo es Marcelo Martínez de Giorgi, sobre quien pesa la influencia de Antonio Stiuso.
Sebastián Ramos y Capuchetti hacen la suya, al igual que María Servini, que con sus 89 años sigue tomando decisiones en las causas que tramitan en su juzgado.
Lijo es el juez federal más cercano a la magistrada y Ramiro González, el fiscal federal en quien se confía.
Con el agravante de que el juez Daniel Rafecas tiene pensado dejar su cargo para ir a la Cámara Nacional de Casación Penal.
Concursó y salió primero, con lo que si avanzan ese concurso su anhelo es concluir su carrera como camarista, con un ascenso, colegas profesores universitarios como él, y regresando a la justicia ordinaria, donde hizo sus primeros pasos como pinche, dijeron a LA NACION cerca del juez.
Se decía lo mismo de Julián Ercolini, pero el juez federal no está pensando en irse, dijo uno de sus colaboradores a LA NACION. Solo presentó un recurso judicial para asegurarse poder jubilarse, cuando corresponda, con las mismas condiciones que regían antes de 2020, cuando cambió la ley.
“Hoy no hay jefes en Comodoro Py”, dice un magistrado que trabaja en ese edificio, y recordaba que hace cinco años, Ramos, Rodríguez y Martínez de Giorgi hacían tandem por un lado y Bonadío, Ercolini y Lijo por el otro.
Quien tenía ascendencia en las conversaciones de este segundo grupo era Martín Irurzun, histórico juez de la Cámara Federal y por encima de todos Ricardo Lorenzetti en la Corte.
Hoy todo cambió y el Gobierno está trabajando para reconfigurar también la Cámara federal. El Consejo de la Magistratura votó en la Comisión de Selección las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados hace 10 años. Ahora las debe votar el plenario y el Poder Ejecutivo debe enviar a un candidato de esas ternas al Senado para que le dé acuerdo.
El deseo del Gobierno es enviar el pliego de Pablo Yadarola, juez en lo penal económico cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y al propio Bertuzzi, que concursó para su cargo. Sus pliegos podrían estar en el Senado despues de las vacaciones de invierno.
El tercer hueco en la Cámara Federal es el que dejaría Martín Irurzun el 18 de julio cuando cumpla 75 años. El Poder Ejecutivo no envió su pliego al Senado para ampliar su acuerdo por cinco años, por lo que actualmente no darían los tiempos para revalidar su designación.
Así habría una tercera vacante en ese tribunal con la que el gobierno de Milei cuenta para reconfigurar el Poder Judicial.
Fuente:
domingo, 12 de abril de 2026
Continúa el genocidio de los viejos (CON VIDEO)
El Ministerio de Economía no está transfiriendo los fondos que le corresponden al PAMI. El “déficit cero” de Caputo se está sosteniendo con un ajuste que termina impactando directamente en la salud de los adultos mayores.
— Graciela Ocaña (@gracielaocana) April 10, 2026
La pregunta es inevitable: ¿cuántas áreas más van a… pic.twitter.com/rAbnAVLI6O
lunes, 30 de marzo de 2026
REVÉS PARA MILEI: LA JUSTICIA SUSPENDIÓ MÁS DE 80 ARTÍCULOS DE LA REFORMA LABORAL
El gobierno de Javier Milei sufrió un duro golpe en la justicia: un juez le dio la razón a la CGT y suspendió los puntos centrales de la reforma laboral, más de 80 artículos de la Ley 27.802 al considerar que los mismos avanzaban contra el artículo 14 bis de la Constitución.
El juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, hizo lugar a una medida cautelar de la Confederación General del Trabajo y dejó en suspenso la aplicación de 82 artículos de la reforma.
La medida supone la suspensión provisoria de los artículos cuestionados por la CGT hasta que exista sentencia definitiva, pero el Gobierno nacional puede apelar la medida de Ojeda para levantar el freno de la reforma. Se trata de la primera gran victoria de la CGT en tribunales, ya que hasta ahora algunos gremios habían logrado frenar artículos sueltos como el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad.
El fallo de Ojeda frena, entre otros numerosos puntos de la reforma, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga, la ultraactividad de los convenios y la derogación de la Ley de Teletrabajo. Es decir: en la práctica hoy el sistema laboral vuelve al esquema previo a la ley 27.802, al menos en todo lo que el juez suspendió.
Con dos fallos, la Justicia laboral de Córdoba le marca la cancha a la reforma de Milei
Ojeda entendió que existen "indicios serios y graves" de inconstitucionalidad al advertir que la reforma podría implicar una regresión en derechos laborales individuales y colectivos, lo que habilitó el dictado de una medida cautelar para frenar su implementación.
Uno de los puntos centrales del fallo es el reconocimiento de una "verosimilitud del derecho calificada", es decir, una fuerte probabilidad de que los planteos de la CGT tengan sustento jurídico al finalizar el planteo de fondo, lo que reforzaría el argumento sindical ante la reforma.
El principal impacto de la cautelar es que deja suspendidas las modificaciones centrales a la Ley de Contrato de Trabajo, que eran el núcleo de la reforma impulsada por el Gobierno.
Entre los cambios más importantes que quedan congelados aparece la reducción del alcance de la propia ley laboral. El fallo menciona específicamente el artículo que permitía considerar como "prestadores independientes" a trabajadores de plataformas digitales, lo que en la práctica podía dejar a miles de personas fuera del régimen laboral tradicional .
También queda frenada otra modificación clave: la eliminación del principio "in dubio pro operario", que obligaba a interpretar las normas laborales siempre a favor del trabajador. El juez sostiene que esa modificación afecta directamente el principio protectorio establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En la misma línea, la cautelar suspende la reforma que eliminaba el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales superiores a los establecidos por ley o por convenio colectivo, una modificación que había generado fuerte rechazo sindical porque abría la puerta a acuerdos individuales por debajo de las condiciones vigentes.
Otro de los puntos más sensibles que quedan sin efecto es el nuevo esquema de indemnización por despido. El fallo menciona de manera expresa la reforma al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que excluía conceptos como el aguinaldo o los premios no mensuales del cálculo indemnizatorio y permitía reemplazar el sistema tradicional por un fondo o sistema de cese laboral.
Además, también queda suspendida la norma que permitía pagar las indemnizaciones en cuotas, una de las medidas más cuestionadas por los sindicatos y que ya había sido objetada por tribunales laborales de distintas provincias.
El juez advierte que la aplicación de estas modificaciones podría generar "daños irreparables" si luego la ley fuera declarada inconstitucional, especialmente porque afectaría millones de contratos laborales en todo el país.
La resolución judicial también deja sin efecto varias reformas que modificaban las condiciones básicas de trabajo. Entre ellas aparece la posibilidad de crear un "banco de horas" mediante acuerdos individuales, lo que habilitaba a las empresas a modificar la jornada laboral sin necesidad de un convenio colectivo. También queda suspendida la reforma que permitía fraccionar el período de vacaciones, algo que hasta ahora sólo podía hacerse de manera excepcional.
Otro punto clave que queda paralizado es el nuevo régimen salarial que permitía excluir del salario conceptos como propinas, beneficios en especie o ciertos pagos variables. Para el juez, estas modificaciones podían afectar el nivel de protección salarial y generar una reducción indirecta de derechos laborales.
La cautelar también alcanza a los artículos que modificaban el sistema de negociación colectiva y la organización sindical.
Entre las normas suspendidas aparece la reforma que modificaba el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, la que limitaba los aportes sindicales y las que establecían restricciones para realizar asambleas o medidas de fuerza.
El fallo sostiene que estas modificaciones podrían afectar el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, ambos protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Otro de los puntos más llamativos de la resolución es que suspende la derogación de la ley de teletrabajo. Es decir, esa norma sigue vigente hasta que haya una sentencia definitiva.
El juez considera que eliminar esa legislación sin un sistema alternativo podía implicar una pérdida de derechos para los trabajadores que desarrollan tareas bajo esa modalidad
La resolución judicial aclara que la suspensión alcanza a todos los trabajadores y empleadores del país y que se trata de una medida provisoria, pero de aplicación inmediata.
El argumento central del fallo es que la reforma introduce cambios "regresivos" en derechos laborales y que, si se aplicara mientras se tramita la causa, podría generarse un daño irreversible en millones de relaciones laborales. (LPO)
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