on medidas de prueba que no pudieron completarse, sin haber llamado a indagatoria a los acusados y con los inversores afectados apartados como querellantes por decisión de la Cámara Federal, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó hoy al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a todos los demás protagonistas del caso $LIBRA.
El pedido de sobreseimiento había sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
En una resolución de 60 carillas, Martínez de Giorgi benefició también al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, al lobista Mauricio Gaspar Novelli, a su hermana María Pía y a su madre Alicia Rafaele, y a su socio Manuel Terrones Godoy.
El juez consideró que el planteo fiscal estaba debidamente fundado y que no existía una pretensión acusatoria autónoma que justificara la continuidad del proceso.
En su análisis, Martínez de Giorgi descartó una a una las figuras penales investigadas.
Sobre la estafa, sostuvo que no se acreditó “un engaño penalmente relevante”. Admitió que la “investidura institucional” de Milei pudo darle al token “una repercusión y una visibilidad particulares”, pero planteó que eso no equivale a “un ardid defraudatorio”.
También advirtió contra “inferir la existencia de una maniobra defraudatoria exclusivamente a partir de la distribución final de ganancias y pérdidas”.
Esa distribución no fue menor. Según la propia resolución, unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones, mientras más de 40.000 personas que habían comprado $LIBRA sufrieron pérdidas después del posteo presidencial del 14 de febrero de 2025.
El juez no negó esa disparidad, pero consideró que las pérdidas de los compradores y las ganancias de otros participantes no bastaban, por sí solas, para demostrar la existencia de una estafa.
Para descartar el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles, el juez tomó en cuenta informes de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General de la Presidencia —que conduce Karina Milei— y de la Oficina Anticorrupción.
Esta última había concluido que el tuit presidencial fue un acto “individual o privado”, sin utilización de recursos públicos ni intervención institucional.
Martínez de Giorgi agregó que el mensaje parecía aludir a “las consecuencias de determinadas decisiones políticas oficialistas” sobre los mercados y lo comparó con “la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica”.
En cuanto a Karina Milei y el presunto tráfico de influencias, el juez relativizó la prueba extraída del teléfono de Novelli.
Entre otros elementos, figuraba una “oferta irrevocable” de Kelsier Group, fechada el 21 de noviembre de 2024 y dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales.
El documento aludía al propósito de posicionar a un grupo empresario local en los sectores de Web3, blockchain e inteligencia artificial, y mencionaba la intención de establecer una asociación indirecta con el Gobierno argentino. También hacía referencias a Javier y Karina Milei, pero carecía de firmas.
En el teléfono también se encontró una nota de Apple Notes con la leyenda, en inglés: “Hola muchachos, este es el acuerdo final según lo discutido con H.”. Los peritos confirmaron que el archivo había existido en el dispositivo, pero no pudieron acreditar que se hubiera enviado a terceros.
“Ingreso indebido”
El juez también cuestionó el valor probatorio de los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Invocó un sumario administrativo que tuvo por probado “un ingreso indebido” de una empleada a documentación reservada del caso, parte de la cual “trascendió a la prensa”. Según la resolución, ese episodio afectó “de alguna manera” la cadena de custodia y resintió el valor probatorio de los informes. No los declaró nulos, pero consideró que sus conclusiones, junto con el resto de las pruebas, no alcanzaban para corroborar la hipótesis delictiva.
Otras pistas no permitieron avanzar hasta una conclusión incriminatoria. Las cajas de seguridad vinculadas con Novelli estaban vacías cuando se las allanó, aunque las filmaciones registraron ingresos de Rafaele y de María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento.
Los informes técnicos no lograron vincular a Rodríguez Blanco y Mellino con la maniobra, pese a que se habían detectado movimientos de dinero en fechas próximas al lanzamiento.
En materia de criptoactivos, el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal reconstruyó movimientos de fondos desde billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. Esos hallazgos derivaron en medidas cautelares, requerimientos de información y el bloqueo de determinadas billeteras.
Sin embargo, las respuestas de las empresas fueron parciales y algunas tareas de trazabilidad no pudieron completarse por falta de herramientas técnicas bajo licencia.
En paralelo, las autoridades estadounidenses cerraron su expediente de asistencia judicial al considerar insuficientes los elementos aportados para acreditar una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos. Y tampoco validó la ampliación que pidió la diputada Mónica Frade a partir de los dichos de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo. Según se informó, en su testimonio ante la fiscalía de Bolivia no habló de $LIBRA.
Además, el juez invocó dos decisiones de septiembre. La primera, del día 4, fue de la Cámara Federal porteña, que apartó a los inversores como querellantes por considerar “diluida” la hipótesis de un plan organizado desde el poder.
La segunda, del día 29, correspondió a un tribunal federal de Nueva York, que desestimó una demanda civil contra Kelsier Labs y Davis por razones procesales y sustantivas, incluida la falta de jurisdicción respecto de algunos planteos.
La decisión de Martínez de Giorgi levantó críticas entre los inversores afectados que pidieron a la Casación que los reincorpore al expediente, y en el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), entidad que figura como amicus curiae en la causa penal.
“El sobreseimiento en la causa $LIBRA constituye una decisión prematura que no contempla la relevancia del rol del presidente de la Nación en la difusión del criptoactivo, un aspecto que debe ser debatido en un juicio oral y público. Es fundamental que se revise integralmente el caso para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. No podemos permitir que una investigación de esta trascendencia se cierre de manera prematura y termine consolidando un pacto de impunidad”, afirmó el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay.
