Mostrando entradas con la etiqueta SOBRESEIMIENTOS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta SOBRESEIMIENTOS. Mostrar todas las entradas

sábado, 24 de octubre de 2026

HUGO ALCONADA MON - CASO $LIBRA: "AQUÍ NO HA PASADO NADA" (CON VIDEOS)

 






Sí, es el mismo... El mismo que procesó y embargó a El Presto






viernes, 23 de octubre de 2026

"LA JUSTICIA": ♪ ♫ SIGA SIGA SIGA EL BAILEEE... AL COMPÁS DEL TAMBORIIIL... ♫ ♪ (CON VIDEO)

 Los Auténticos Decadentes - Alberto Castillo - Siga el Baile




on medidas de prueba que no pudieron completarse, sin haber llamado a indagatoria a los acusados y con los inversores afectados apartados como querellantes por decisión de la Cámara Federal, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó hoy al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a todos los demás protagonistas del caso $LIBRA.

El pedido de sobreseimiento había sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

En una resolución de 60 carillas, Martínez de Giorgi benefició también al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, al lobista Mauricio Gaspar Novelli, a su hermana María Pía y a su madre Alicia Rafaele, y a su socio Manuel Terrones Godoy.

Mauricio Novelli en la Casa Rosada
Mauricio Novelli en la Casa Rosada

El fallo también alcanzó al exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Daniel Morales, al responsable de Kip Protocol, Julian Peh, y a los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El juez concluyó que “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal”, como una presunta estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública y aclaró que la formación del proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los imputados, a los que no había citado a indagatoria.

En lo sustancial, Martínez de Giorgi coincidió con el fiscal Eduardo Taiano, que había pedido sobreseer a todos los imputados tras el apartamiento de todos los inversores afectados que podían contradecirlo.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi saliendo de los tribunales de Comodoro Py
El juez Marcelo Martínez de Giorgi saliendo de los tribunales de Comodoro PyEnrique Garcia Medina

El juez consideró que el planteo fiscal estaba debidamente fundado y que no existía una pretensión acusatoria autónoma que justificara la continuidad del proceso.

En su análisis, Martínez de Giorgi descartó una a una las figuras penales investigadas.

Sobre la estafa, sostuvo que no se acreditó “un engaño penalmente relevante”. Admitió que la “investidura institucional” de Milei pudo darle al token “una repercusión y una visibilidad particulares”, pero planteó que eso no equivale a “un ardid defraudatorio”.

También advirtió contra “inferir la existencia de una maniobra defraudatoria exclusivamente a partir de la distribución final de ganancias y pérdidas”.

Esa distribución no fue menor. Según la propia resolución, unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones, mientras más de 40.000 personas que habían comprado $LIBRA sufrieron pérdidas después del posteo presidencial del 14 de febrero de 2025.

El juez no negó esa disparidad, pero consideró que las pérdidas de los compradores y las ganancias de otros participantes no bastaban, por sí solas, para demostrar la existencia de una estafa.

Para descartar el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles, el juez tomó en cuenta informes de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General de la Presidencia —que conduce Karina Milei— y de la Oficina Anticorrupción.

Esta última había concluido que el tuit presidencial fue un acto “individual o privado”, sin utilización de recursos públicos ni intervención institucional.

Martínez de Giorgi agregó que el mensaje parecía aludir a “las consecuencias de determinadas decisiones políticas oficialistas” sobre los mercados y lo comparó con “la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica”.

En cuanto a Karina Milei y el presunto tráfico de influencias, el juez relativizó la prueba extraída del teléfono de Novelli.

Entre otros elementos, figuraba una “oferta irrevocable” de Kelsier Group, fechada el 21 de noviembre de 2024 y dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales.

El documento aludía al propósito de posicionar a un grupo empresario local en los sectores de Web3, blockchain e inteligencia artificial, y mencionaba la intención de establecer una asociación indirecta con el Gobierno argentino. También hacía referencias a Javier y Karina Milei, pero carecía de firmas.

En el teléfono también se encontró una nota de Apple Notes con la leyenda, en inglés: “Hola muchachos, este es el acuerdo final según lo discutido con H.”. Los peritos confirmaron que el archivo había existido en el dispositivo, pero no pudieron acreditar que se hubiera enviado a terceros.

“Ingreso indebido”

El juez también cuestionó el valor probatorio de los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Invocó un sumario administrativo que tuvo por probado “un ingreso indebido” de una empleada a documentación reservada del caso, parte de la cual “trascendió a la prensa”. Según la resolución, ese episodio afectó “de alguna manera” la cadena de custodia y resintió el valor probatorio de los informes. No los declaró nulos, pero consideró que sus conclusiones, junto con el resto de las pruebas, no alcanzaban para corroborar la hipótesis delictiva.

Otras pistas no permitieron avanzar hasta una conclusión incriminatoria. Las cajas de seguridad vinculadas con Novelli estaban vacías cuando se las allanó, aunque las filmaciones registraron ingresos de Rafaele y de María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento.

Los informes técnicos no lograron vincular a Rodríguez Blanco y Mellino con la maniobra, pese a que se habían detectado movimientos de dinero en fechas próximas al lanzamiento.

En materia de criptoactivos, el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal reconstruyó movimientos de fondos desde billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. Esos hallazgos derivaron en medidas cautelares, requerimientos de información y el bloqueo de determinadas billeteras.

Sin embargo, las respuestas de las empresas fueron parciales y algunas tareas de trazabilidad no pudieron completarse por falta de herramientas técnicas bajo licencia.

En paralelo, las autoridades estadounidenses cerraron su expediente de asistencia judicial al considerar insuficientes los elementos aportados para acreditar una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos. Y tampoco validó la ampliación que pidió la diputada Mónica Frade a partir de los dichos de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo. Según se informó, en su testimonio ante la fiscalía de Bolivia no habló de $LIBRA.

Además, el juez invocó dos decisiones de septiembre. La primera, del día 4, fue de la Cámara Federal porteña, que apartó a los inversores como querellantes por considerar “diluida” la hipótesis de un plan organizado desde el poder.

La segunda, del día 29, correspondió a un tribunal federal de Nueva York, que desestimó una demanda civil contra Kelsier Labs y Davis por razones procesales y sustantivas, incluida la falta de jurisdicción respecto de algunos planteos.

La decisión de Martínez de Giorgi levantó críticas entre los inversores afectados que pidieron a la Casación que los reincorpore al expediente, y en el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), entidad que figura como amicus curiae en la causa penal.

“El sobreseimiento en la causa $LIBRA constituye una decisión prematura que no contempla la relevancia del rol del presidente de la Nación en la difusión del criptoactivo, un aspecto que debe ser debatido en un juicio oral y público. Es fundamental que se revise integralmente el caso para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. No podemos permitir que una investigación de esta trascendencia se cierre de manera prematura y termine consolidando un pacto de impunidad”, afirmó el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay.









jueves, 1 de octubre de 2026

Arsenal: documento de la Policía Federal podría complicar sobreseimiento de Alfredo Coto (Por Martín Carrizo)

 


Un documento interno de la Policía Federal Argentina señala que parte de los explosivos hallados en Coto no habría sido comprada ni importada por la fuerza. El dato surge mientras Casación revisará el sobreseimiento de Alfredo y Germán Coto.

La causa se remonta a agosto de 2016, cuando una inspección realizada en instalaciones de COTO CICSA derivó en el hallazgo de armas, municiones, granadas, lanzagases y material explosivo en situación irregular. Parte del armamento apareció en un depósito de la calle Paysandú al 1800, donde funcionan la casa central y la administración de la compañía.


Parte del armamento hallado en un depósito de Coto de la calle Paysandú al 1800, CABA.

Parte del armamento hallado en un depósito de Coto de la calle Paysandú al 1800, CABA.

Diez años después, el expediente vuelve a quedar bajo revisión judicial. En ese contexto, REALPOLITIK accedió a un memorándum interno de la PFA que permite reconstruir una búsqueda realizada dentro de la propia fuerza para determinar la procedencia de parte del material encontrado en Coto.

El documento, fechado el 31 de mayo de 2018, fue elaborado por la dirección General de Asuntos Jurídicos de la PFA. Allí se informa que la Superintendencia de Administración había comunicado que su División Contrataciones no había contratado ni importado granadas con las características de las halladas en Coto.

La Justicia avanzó entonces con otra medida. El 29 de mayo de 2018, personal de Gendarmería Nacional allanó la División Contrataciones de la Policía Federal para buscar y secuestrar documentación física o digital relacionada con la adquisición o importación de material explosivo similar al encontrado en Coto. La medida también alcanzó la documentación vinculada con la Contratación Directa Nro 214/07.

Al día siguiente, según relata el memorándum, el abogado defensor de un funcionario policial investigado se entrevistó con un secretario del juzgado. El documento registra que “de acuerdo con lo comunicado en esa conversación, el allanamiento habría arrojado resultado negativo” y determinado que el material explosivo encontrado en Coto no habría sido importado ni adquirido por la misma Policía Federal Argentina. La contratación directa 214/07 tampoco habría sido realizada por esa institución.

Qué manifestó Coto

La procedencia del material fue uno de los puntos centrales de la causa. En agosto de 2018, Alfredo Coto sostuvo ante la Justicia que las irregularidades respondían a un “exceso de confianza” entre la empresa, organismos estatales de seguridad y una empresa de seguridad privada. Según su explicación, parte del armamento hallado había quedado en establecimientos de la empresa durante operativos desplegados ante el temor a nuevos saqueos luego de lo acontecido durante la crisis del 2001.

Esa versión fue considerada por la Justicia. En resoluciones anteriores se valoró que distintas fuerzas habían intervenido en establecimientos de Coto durante períodos de conflictividad social y que habían utilizado depósitos de la empresa para resguardar armamento.

El memorándum al que accedió REALPOLITIK agrega tensión frente a esa hipótesis y a la explicación dada por Coto. La Justicia buscó determinar si determinado material explosivo hallado en la empresa había sido comprado o importado por la Policía Federal Argentina. Para ello, ordenó un allanamiento en la División Contrataciones de la fuerza, ejecutado por Gendarmería Nacional. Según el documento interno de la PFA, la búsqueda no permitió acreditar que ese material hubiera sido adquirido o importado por la institución.

La diferencia es significativa. Mientras unos pocos elementos pudieron ser vinculados documentalmente con la PFA, el resto del material explosivo que motivó la búsqueda en la División Contrataciones no aparecía registrado como adquirido o importado por la PFA.

La discusión sobre el origen del armamento también llegó a Casación. En 2023, la Sala IV recogió los cuestionamientos de la fiscalía sobre la explicación de que parte del arsenal había quedado en Coto tras operativos de fuerzas de seguridad. El fallo señaló una inconsistencia concreta: en los depósitos de la empresa se encontró material que había sido recibido por Prefectura Naval, pero integrantes de esa fuerza declararon que Prefectura no había realizado servicios ni intervenido en establecimientos de Coto.


Fallo del 29 de mayo de 2023: la Sala IV de Casación concedió los recursos extraordinarios de las defensas de Alfredo y Germán Coto contra la resolución previa que había anulado sus sobreseimientos.

El sobreseimiento será revisado por Casación

El 18 de agosto de este año, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, entonces integrada por Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, revocó los procesamientos y sobreseyó a Alfredo Coto, Germán Coto y los restantes imputados que habían llegado a esa instancia. Entre sus argumentos, el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para vincular a los máximos directivos de la compañía con el manejo operativo de las armas.

Según informó el sitio especializado Litigio, el fiscal José Luis Agüero Iturbe cuestionó el sobreseimiento y planteó en su recurso una posible contradicción en los fundamentos del fallo a la luz de la constitución, además de invocar la arbitrariedad de la decisión. La Sala I consideró que la cuestión federal planteada era suficiente para habilitar la revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.


El fiscal José Luis Agüero Iturbe.

La revisión quedará nuevamente en manos de la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Ese tribunal ya había intervenido en el expediente y dejado sin efecto un sobreseimiento anterior.

En este escenario aparece el memorándum interno de la Policía Federal al que accedió REALPOLITIK. El documento permite reconstruir qué ocurrió cuando la Justicia intentó determinar si determinado material explosivo hallado en Coto había sido adquirido o importado por la institución: se revisaron registros, se allanó la División Contrataciones y el resultado inicialmente comunicado fue negativo.

La pregunta que revela documento es simple: si parte del material fue atribuida a la presencia de fuerzas de seguridad en establecimientos de Coto, pero la búsqueda de registros sobre la adquisición o importación de esos explosivos por la Policía Federal no arrojó resultados, ¿de dónde provenían y cómo terminaron allí? (www.REALPOLITIK.com.ar)


domingo, 20 de julio de 2025

¡Lijo lo hizo oootraaa vezzz!

 


Sin solicitar ninguna medida de prueba, el fiscal cercano a Eduardo "Wado" De Pedro, Franco Piccardi, recomendó cerrar la causa que investiga el FISU -Fondo de Integración Socio Urbana- durante el periodo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El juez federal Ariel Lijo, en las últimas horas, sobreseyó a Juan Grabois por el delito de asociación ilícita y a Fernanda Miño, entre otros. La denuncia la había presentado, hace un 18 meses, el abogado Jeremías Rodríguez. Parte de la denuncia se basó en informes periodísticos, entre ellos, informes de La Cornisa. 

En uno de los informes de La Cornisa se mostró un barrio de Luján que, según el intendente kirchnerista, estaba terminado en un 50% pero, en las cámaras se veía un caballo abandonado. Otros barrios sin concluir las obras estaban ubicados en Cañuelas, Merlo, Pilar y en La Matanza, bajo la influencia del Padre "Tano" Angelotti. 

Los referentes de Grabois en los barrios como Diego Motto en Luján habían adquirido terrenos por un precio irrisorio merced a beneficios de la política. 

Pero para Piccardi nada fue relevante. El desenlace de la denuncia se adelantó tras la ampliación de Rodríguez a incluir al actual titular de la SISU, el armador de la LLA en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja- 

Fuentes oficiales vinculan ambos hechos. Grabois nunca criticó públicamente a Sebastián Pareja. 

En los primeros meses de la gestión de Sandra Pettovello al frente de Capital Humano, una delegación de su ministerio no pudo ingresar a realizar auditorías en el área gestionada por Pareja. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo habló públicamente de los negocios de Grabois con el FISU. 

Nadie del gobierno denunció a Grabois.

La causa sufrió una herida mortal. El abogado denunciante podría apelar en los próximos días (Periodismo y Punto)


domingo, 19 de mayo de 2024

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Macri y otros exfuncionarios en la causa “Mesa Judicial”

 

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Macri y otros ex funcionarios en la causa “Mesa Judicial”

El tribunal ratificó que no hubo delito. Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que “queda descartada su pretendida criminalización”. Llorens habló de “la recreación de un relato de ficción inexistente para abonar la tesis de una acción política”