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Lean AQUÍ la nota hasta el final... ¡¡NO TIENE DESPERDICIO!!
Confirman que fueron robadas 82 declaraciones juradas de funcionarios y jueces en el Consejo de la Magistratura https://t.co/nzo3h5tupz pic.twitter.com/x1f66tsptg
— LA NACION Política (@Politica_ln) April 24, 2023
AHORA. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por CFK para que la Corte Suprema decida dónde debe tramitar la causa por presunto espionaje ilegal de Lomas de Zamora. De esta manera, avanza su pase a los tribunales federales de Comodoro Py.
— Camilo Cagnacci (@CagnacciCamilo) March 30, 2021
Rechazan un pedido de Cristina Kirchner para llegar a la Corte y la causa por espionaje ilegal queda en Comodoro Py - https://t.co/KBlSVNwNFL
— Claudio Savoia (@claudiosavoia) March 30, 2021
La decisión transitoria fue adoptada por el juez Mariano Borinsky. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, había apelado este miércoles por la mañana la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de remitir las causas en que se investigan maniobras de espionaje ilegal de los tribunales de Lomas de Zamora a los de Comodoro Py.
El recurso extraordinario lo presentó el abogado de la vicepresidenta ante la Cámara de Casación Penal, para que le habilite el camino a la Corte Suprema de Justicia. El pedido demuestra la preocupación de Cristina Kirchner por estas causas con las que pretende demostrar su teoría del lawfare.
Beraldi ya había anticipado que recurrirían a la Corte porque consideran que la decisión de Casación es "un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos".
Su posición fue avalada por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el presidente Alberto Fernández, quienes rechazaron el pase de las causas de espionaje ilegal a Comodoro Py.
Ahora, en su presentación judicial, el abogado de Cristina Kirchner sostuvo que "la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socavan la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad".
"Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes", sostuvo Beraldi en su presentación judicial.
Si la Cámara de Casación rechazara el recurso extraordinario del abogado de Cristina Kirchner, la vicepresidenta podría ir en queja a la Corte Suprema, en cuyo caso la máxima instancia judicial podría decidir si toma en sus manos esta cuestión.
La apelación de la vicepresidenta es un gesto más político que jurídico. Es que la Corte generalmente no hace lugar a planteos que no tengan que ver directamente con derechos constitucionales. Su posición es que las cuestiones de competencia deben ser dirimidas por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Cámara de Casación.
El viernes pasado la Cámara de Casación resolvió que la investigación por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri pase a los tribunales de Comodoro Py, al declarar la competencia del fuero porteño por sobre el de Lomas de Zamora.
Con esta decisión del máximo tribunal penal federal del país las causas abiertas por espionaje ilegal a la actual vicepresidenta y al Instituto Patria, por un lado, y a políticos, periodistas, gremialistas, referentes sociales y detenidos en cárceles federales, por otro, quedarán a cargo de un juez de Comodoro Py.
Además, las decisiones tomadas en primera instancia, que hasta ahora revisaba la Cámara Federal de La Plata, con jurisdicción sobre Lomas de Zamora, serán analizadas por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires con sede en Comodoro Py.
La resolución que dejó fuera de la investigación al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, se tomó por mayoría, en la Cámara de Casación, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y la disidencia de la tercera integrante de la sala IV de Casación, Ángela Ledesma.
Ledesma postuló en minoría que la pesquisa debía continuar a cargo del juzgado de Augé por "motivos que se vinculan con una mejor y más eficiente administración de justicia, teniendo en cuenta el avance logrado hasta el momento en el caso" y "la naturaleza compleja de los hechos".
Sus colegas Borinsky y Carbajo hicieron lugar a planteos del secretario de Macri, Darío Nieto, así como de acusados en la causa, como los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a los que adhirieron los querellantes jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
En el fallo, se remarcó que la resolución del conflicto de competencia entre los tribunales de Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires "no implica, de ningún modo, invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación" o "desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora".
A la hora de justificar su decisión, Borinsky y Carbajo sostuvieron que "el núcleo del espionaje ilegal investigado" habría sido la ciudad de Buenos Aires. "De la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados", con "algunas ramificaciones" en el conurbano bonaerense.
Los dos camaristas aludieron a la necesidad de que se haga una "investigación conjunta" de todas las denuncias por espionaje ilegal en las que están procesados Arribas, Majdalani y otros acusados, donde Cristina Kirchner es una de las querellantes. (Clarín)
Sospechas de corrupción
Sin respuesta aún desde Madrid, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió esta semana a la Cancillería que pida información a la justicia española sobre un conjunto de declaraciones testimoniales que había solicitado, en una causa donde Cristina Kirchner está imputada por presunto encubrimiento de espionaje ilegal. El año pasado, el juez había cursado unos cuestionarios a autoridades de Repsol cuyas reuniones de directorio estaban desgrabadas y guardadas en la residencia de la vicepresidenta en El Calafate. Ese material fue secuestrado junto a otras carpetas con datos supuestamente recogidos a través de inteligencia ilegal, que dieron origen a este expediente.
Todo inició después de un allanamiento ordenado por el fallecido juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Allí, en la residencia de Cristina Kirchner ubicada en El Calafate, los efectivos federales encontraron las desgrabaciones de una reunión de directivos de Repsol, y otros documentos que revelarían un presunto espionaje ilegal. Por el tipo de material hallado, consideró que merecían iniciar una investigación aparte, que la instruye el juez Martínez de Giorgi.
El magistrado busca dilucidar si existió "actividad ilegal durante el gobierno de la ex Presidenta vinculada a la utilización de distintas oficinas del Estado para investigar a personas determinadas".
¿Qué había en las carpetas encontradas en El Calafate? Sobresalían informes sobre grupos empresariales: una transcripción de escuchas telefónicas de la minera Barrick Gold -la más importante en la explotación de oro en el país- e informes sobre el escándalo de las coimas vinculadas a Petrobras, firma en la que buscó hacer pie Cristóbal López.
También fue hallada la transcripción de una teleconferencia de Repsol realizada a las 7.44 del 14 de abril de 2012. De esa reunión participaron 15 personas, entre ellos Antonio Brufau, entonces presidente de la compañía. Martínez De Giorgi pidió entonces que se tomen declaraciones testimoniales a quienes intervinieron en aquella reunión.
Cristina Kirchner junto al CEO de Repsol, Antonio Brufau, en 2010. Foto EFE.
La reunión duró aproximadamente una hora y media. Fue encabezada por Brufau, y participaron además la moderadora de la conferencia, el Director Económico y financiero, el analista de Holding, analistas de diversas bancas financieras españolas e internacionales. La transcripción íntegra de aquella teleconferencia estaba en El Calafate, en una carpeta cuya carátula decía "Repsol". Martínez De Giorgi quiere saber el origen de la desgrabación y la finalidad de la misma.
La Justicia española había comenzado a tomar esas declaraciones en febrero. En primer término, se comenzó a citar a los quince participantes de la reunión. A todos se les consulta si reconocen haber celebrado la misma. Después, el juez Martínez De Giorgi quiere saber "si se utilizó algún número de abonado telefónico", y de ser así que el mismo sea especificado.
Por ejemplo, el magistrado busca establecer si Brufau tenía conocimiento -en ese momento o después- respecto a la posibilidad de que la conversación haya podido ser "intervenida o si estaba siendo grabada". Vinculado a esto, se pidió que se consulte si Repsol en 2012 "grababa las conversaciones" de sus directivos.
Con la transcripción en mano del documento secuestrado de la casa de la vicepresidenta, la Justicia española también pidió que se aporte todo tipo de información "de utilidad para establecer el origen y las circunstancias de la transcripción exhibida ".
Sin novedades, este 5 de octubre el magistrado envió una notificación a la Cancillería: "En atención al tiempo transcurrido y sin perjuicio e lo informado por la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Culto de la Nación, solicítese a su Titular lleve a conocimiento del tribunal si ha recibido contestación a las consultas pertinentes respecto a la rogatoria internacional librada por estos estrados al Reino de España el 8 de abril de 2019", sostiene el documento al que accedió Clarín.
Antes del envío del exhorto a España, dos declaraciones confirmaron la existencia de otras conversaciones cuyas desgrabaciones se encontraban en la residencia de Cristina Kirchner, aunque los testigos aseguraron ante el magistrado que aquellas charlas "nunca fueron grabadas".
Por ejemplo, un alto directivo de General Motors declaró por una desgrabación que había entre los papeles. Este representante de la compañía admitió la existencia de una conferencia con otros referentes, pero señaló que "nunca había sido grabada".
Respuesta similar obtuvo el juez cuando citó a declaración testimonial a Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia del gobierno de Eduardo Duhalde, ya que había una desgrabación que lo implicaba. Admitió la existencia de esa conversación, pero señaló que nunca había sido grabada.
Asimismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -investigada ahora en cuatro expedientes-, remitió al juzgado un informe donde se explicó que los documentos bajo investigación "no responden a ningún informe oficial del área de inteligencia".
El juzgado también tomó testimonio al personal que participó del operativo judicial en la casa de Cristina Kirchner, para descartar que se hayan "plantado pruebas falsas", y se dio por corroborado que "los documentos se encontraban con anterioridad al operativo en la residencia". (Clarín)
Piden citar a Mirtha Legrand en la causa por presunto espionaje ilegal https://t.co/ctwAU2EIi9 pic.twitter.com/Gq5HFaxuPS— LA NACION (@LANACION) 22 de abril de 2019
