🔴JORGE MACRI LIQUIDÓ A LARRETA:
— Jack__Pierre 💛 (@Jackes_is_back) April 2, 2026
"Durante años le regaló casas a los villeros y se olvidó de los trabajadores".
Mientras el resto solo se acuerda de la clase media para las elecciones, @jorgemacri lanzó una línea de créditos hipotecarios para darle SOLUCIONES REALES a los… pic.twitter.com/Mn2QdGEscI
"Bajar el costo laboral es devolverles derechos a los trabajadores. Así la gente se queda sin trabajo, pero a las 48 horas tiene 3 ofertas nuevas"
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 3, 2026
A CAPUTO EN LA PLAZA pic.twitter.com/pFL4QkgXue
Además, Milei es amigo de los sindicalistas. Marchaba con ellos... No olvidar.
🔴ATENCIÓN A LO QUE DESTAPÓ PAULINO 💥
— Jack__Pierre 💛 (@Jackes_is_back) February 6, 2026
Paulino @paulinor76 denunció lo que sería un acuerdo de los gremialistas para seguir siendo casta mafiosa a costa de los trabajadores a cambio de no hacer marchas.
Peronismo línea peluca ✌️ pic.twitter.com/D0PW3s38zL
¿Alguna duda?
Medición de la AUH en términos reales entre 2019 y 2025. Desde 2023 creció 71% real para evitar el conflicto social. No hay menos pobres, pero se aumentaron los planes sociales porque no hay trabajo https://t.co/0OIoEq0Cps pic.twitter.com/nmNGFZoyEm
— Mariano Obarrio (@marianoobarrio) January 23, 2026
Texto completo del tuit
La inversión mensual es superior a 3.800 millones de pesos, reforzada en las fiestas con una partida extraordinaria de 3.200 millones...
Sin embargo, "el INDEC de Moreno"😜, asegura otra cosa...
🔴FEINMANN PRENDIÓ FUEGO TODO:
— Jack__Pierre 💛 (@Jackes_is_back) January 13, 2026
El 72% de los trabajadores argentinos en blanco SON POBRES 🔥🔥🔥
Milei logró algo nunca visto en Argentina: QUE TRABAJES PARA SER POBRE. pic.twitter.com/9x2fB8UTto
🔴FEINMANN PRENDIÓ FUEGO TODO:
— Jack__Pierre 💛 (@Jackes_is_back) December 13, 2025
"El 72% de los trabajadores son POBRES".🔥
Trabajar para ser pobre. Milei lo hizo ✌️ pic.twitter.com/xYmNiMEiax
La iniciativa repone buena parte del contenido que el Gobierno ya quiso implementar por la fuerza con el Decreto 70/2023 cuya aplicación quedó suspendida por la justicia laboral, que dictó medidas cautelares declarando su inconstitucionalidad y falta de necesidad y urgencia para eludir al Congreso.
Con la jura de ambas Cámaras, la conquista de la primera minoría en Diputados y el triunfo de octubre, el Gobierno está envalentonado y listo para avanzar a fondo con las reformas que exige Washington. Manuel Adorni confirmó el viernes por la tarde el temario de las sesiones extraordinarias: además del Presupuesto y la reforma laboral, incluirá el proyecto de “inocencia fiscal” para que los argentinos saquen los dólares “del colchón”, los cambios a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.
El decreto que Milei firmó al comienzo del fin de semana largo se publicará el martes próximo. Recién llegada al Congreso, Patricia Bullrich es una de las que más presiona para que la reforma laboral avance en paralelo con el Presupuesto 2026, que entiende, será aprobado sin mayores resistencias y traccionará al resto de las iniciativas. En las últimas horas, los senadores recibieron de manos de la exministra una copia de la reforma. El texto, de 109 páginas, que conserva el espíritu del proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez en 2024 y que también llegó a manos de los dirigentes de la CGT y de la UIA. Sus dirigentes le bajaron el precio y sostienen que se trata de “un globo de ensayo para evaluar reacciones”.
Sin embargo Página/12 confirmó que la letra chica ya empezó a discutirse en la reunión de bloque del oficialismo del último jueves comandada por Bullrich.
El anteproyecto golpea de lleno a los trabajadores monotributistas. Si bien en los últimos dos años, por cada diez empleos asalariados que se perdieron, surgieron siete bajo la modalidad de monotributo, según los datos del Monitor de Empleo Formal del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Ese avance, que expone un mercado laboral cada vez más precario, no se atenúa con la reforma: se profundiza.
Un abogado laboralista explicó a este diario que el texto “invierte la presunción de laboralidad”. Hoy la ley presume que toda prestación de trabajo configura una relación laboral, aun cuando haya factura, monotributo o contratos de locación de servicios. La modificación propuesta rompe ese principio: si hay factura, no se presume un contrato de trabajo sino una locación de servicios. En la práctica, esto bloqueará cualquier reclamo por relación encubierta. El trabajador quedará fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y sin acceso a derechos básicos.
El anteproyecto introduce un giro sorpresivo en el fondo de cese. Se sustituye el fondo de cese por un Fondo de asistencia laboral (FAL) con una contribución obligatoria de todos los empleadores del 3 por ciento de la masa salarial combinado con una reducción del 3 por ciento en las contribuciones a la seguridad social. El mecanismo implica que el Estado dejará de recibir recursos para el sistema previsional y los redirige a un fondo destinado a cubrir despidos privados, una suerte de fondo compensador que socializa el costo de las indemnizaciones. En otras palabras, el Estado pasará a financiar los despidos. El investigador del IEF-CTA Luis Campos lo definió con crudeza en X: “Fondo de cese obligatorio financiado 100% con recursos públicos. Sí, el Estado a cargo de pagar las indemnizaciones. Uno nunca pierde la capacidad de sorpresa.”
El anteproyecto redefine también el cálculo de las indemnizaciones a la baja. Excluye de la fórmula conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y las propinas, lo que reduce el monto final a favor del empleador y restringe los intereses sobre el capital indemnizatorio.
El proyecto flexibiliza las vacaciones. Así, la temporada de verano ya no será un derecho, sino un privilegio que podrá disfrutarse sólo una vez cada tres años. Abre la puerta a que dos de cada tres veranos el descanso quede corrido hacia octubre, marzo o incluso fragmentado en tramos mínimos de siete días, afectando la vida familiar, el calendario escolar y la propia finalidad reparadora de las vacaciones. Si el cronograma es impuesto por el empleador deberán informarse con 45 días de antelación.
El texto incorpora la novedad del banco de horas, que autoriza a compensar horas extras sin abonarlas, a través de acuerdos individuales. Así la extensión de la jornada deja de tener un costo para el empleador y pasa a encuadrarse en un sistema de “compensación” flexible que licúa el pago por trabajo extraordinario. En Argentina la jornada laboral de 8 horas se adoptó oficialmente el 26 de septiembre de 1929, mediante la sanción de la Ley 11.544, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. El proyecto libertario atrasa un siglo.
La reforma laboral establece un mecanismo de revisión para los certificados médicos presentados por los trabajadores. Se exigirá certificado con firma digital. Se creará una Junta Médica en caso de discrepancia entre médicos
En cuanto a las negociaciones salariales, se descentraliza la negociación colectiva al permitirse negociaciones por empresa.
Uno de los aspectos que promete abrir un nuevo frente de conflictividad es que se extienden a varias actividades los servicios esenciales para restringir el derecho a huelga incluida la educación. Referentes gremiales que hablaron con este diario aseguran que es la puerta para judicializar la reforma.
Milei llegó al gobierno con un respaldo fuerte de sectores informales que no se sintieron interpelados por los discursos tradicionales dirigidos al trabajador registrado. Sin embargo, la reforma laboral consolida su desprotección. El proyecto incluye un capítulo específico para los trabajadores de plataformas que, lejos de ampliar derechos, los mantiene en el mismo limbo legal de hoy: cuentapropistas sin convenio, sin jornada regulada, sin indemnización y por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo.
El texto crea un régimen particular que opera como una desregulación a la carta para las empresas del sector. Según reconstruyó este diario, firmas con fuerte capacidad de lobby en el país —como Uber— pidieron quedar por fuera de la nueva normativa general para evitar obligaciones laborales básicas. El gobierno aceptó el planteo y terminó de redactar un capítulo hecho a medida del negocio de las plataformas que representan el modelo de negocios actual de Internet en su fase más concentrada y monopólica.
Trabajador al borde de las lágrimas:
— Editor✍ (@Editor_76) September 16, 2025
“El ajuste lo iban a pagar los que tenían plata y lo terminamos pagando nosotros que no tenemos ni 2,50”
Acaban de echarlo de una fábrica de motos, y no puede entender por qué, si nunca faltó y cumplió los objetivos.
Es toda de Milei. pic.twitter.com/nikFmIDAhv
Milei en CPAC dijo que “los salarios en Argentina están en 1.200 dólares”.
— Daniel Mangieri (@MangieriDAM) September 16, 2025
La realidad:
Salario mínimo: apenas US$ 280.
Salario promedio real: muy lejos de esa cifra
Decir que el salario promedio es de 1.200 dólares es pura ficción. pic.twitter.com/7pa71VOTc7
En los primeros 18 meses de la gestión del actual Gobierno, un dato que destaca es la cantidad de trabajadores que accedieron a la Prestación por Desempleo en el sector privado. Según las estadísticas de la Seguridad Social, un total de 245.480 trabajadores han cobrado este beneficio, un claro indicativo de la magnitud de los despidos sin causa atribuible a los empleados. Este dato refleja la crisis laboral que atraviesa el país, y el impacto que tiene en los trabajadores que se ven obligados a recurrir a esta prestación para paliar la falta de empleo.
De esos 245.480 trabajadores que cobraron la prestación, la mayor parte, un total de 174.335, corresponde a altas registradas durante el año 2024. En los primeros seis meses de 2025, las nuevas altas fueron de 71.145 trabajadores. Estos números ponen en evidencia la preocupante tendencia en el mercado laboral, especialmente considerando que el Seguro de Desempleo es una medida de último recurso para aquellos que se ven despedidos sin justa causa o por finalización de contrato.
En cuanto a la distribución sectorial de estos despidos, se observa que la industria manufacturera ha sido uno de los sectores más golpeados. En el primer semestre de 2025, de las 71.145 altas, 16.408 correspondieron a trabajadores de la industria manufacturera, 14.531 al comercio, 12.359 a la construcción, 3.379 al servicio de comida y alojamiento y 3.213 al transporte.
Por otro lado, en 2024, las cifras mostraron que los sectores más afectados fueron la construcción, con 54.046 trabajadores, y la industria manufacturera, con 36.233. A continuación, se encuentran el comercio (28.790), las actividades administrativas (14.150), el servicio de transporte (7.158), los servicios de comida y alojamiento (6.493) y el sector de salud y servicios sociales (5.522).
Estos números reflejan la disparidad en el impacto de los despidos según el sector, con áreas como la construcción y la manufactura concentrando la mayor parte de las altas al Seguro de Desempleo.
A partir de junio de 2025, se registraron 96.171 personas percibiendo la Prestación por Desempleo, con un pago promedio de $261.408. De este total, 66.861 son varones y 29.210 son mujeres. Geográficamente, se distribuyen mayoritariamente en la Provincia de Buenos Aires (39.932), seguida por Santa Fe (7.456), Córdoba (6.976) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (6.162).
Esta prestación económica está destinada a aquellos trabajadores que fueron despedidos sin causa justificada, por finalización de contrato o por otras circunstancias ajenas a su responsabilidad. Para tener derecho a recibirla, el trabajador debe haber tenido al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años previos al despido.
En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, el requisito cambia, ya que deben haber trabajado más de 90 días en el último año y haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años.
El monto de la prestación por desempleo se calcula según los ingresos y los meses trabajados con aportes en los últimos tres años. Para los trabajadores mayores de 45 años, la prestación se extiende por seis meses adicionales.
Además, el Consejo del Salario Mínimo establece que la prestación debe ser equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al despido, pero aclara que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ni superior al 100%”. Esto significa que, en la práctica, el techo establecido limita la efectividad de la medida para quienes han tenido remuneraciones más altas en sus trabajos anteriores.
Es importante destacar que, durante el período en el que se cobra la prestación, los beneficiarios siguen percibiendo asignaciones familiares y mantienen la cobertura de la obra social a la que están afiliados. Además, los meses de cobro de esta prestación cuentan como antigüedad para la jubilación o pensión, lo que podría ser un alivio para los trabajadores que temen perder años de aportes. (Con información de Clarín vía El Once)
