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martes, 14 de diciembre de 2021

¡Sonamos! Es de Justicia Legítima y discípulo de Zaffaroni y además, cuñado de Lousteau

 

viernes, 19 de marzo de 2021

No perdonan a nadie. Ni a los propios... LOS KAKAS AHORA VAN POR EL FISCAL CON NOMBRE CUARTETERO QUE PIDIÓ LA CONDENA DE 12 AÑOS PARA LÁZARO

 

Justicia y política

El kirchnerismo ahora va contra el fiscal que pidió la condena de 12 años para Lázaro Báez

Pese a ser miembro fundador de la agrupación cristinista Justicia Legítima, Abel Córdoba será citado a una comisión bicameral, por un caso cerrado hace más de un año.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tahilade pedirá que el fiscal Abel Córdoba sea citado a la comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal. El legislador criticó la prescripción de un caso de corrupción -algo que ocurrió hace más de un año-, y habló de los plazos del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a cargo de ese juicio y que actualmente juzga a Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública hacia las firmas de Lázaro Báez. La noticia no sería curiosa, sin fuera porque Tahilade busca responsabilizar al fiscal por la caída de aquel viejo caso, y sobre todo porque Córdoba es miembro fundador de la agrupación K Justicia Legítima pero a la vez fue quien pidió una condena de 12 años de prisión para Báez en el juicio de la Ruta del Dinero K.

En ese proceso, Córdoba sostuvo que los 55 millones de dólares lavados por el contratista provinieron en parte de la defraudación en la obra pública, donde se juzga a Cristina.

La condena requerida por le fiscal fue la que terminó imponiendo el TOF 4 hace poco más de dos semanas.

Ese dato es clave para interpretar el pedido del diputado Tahilade ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Monitoreo del Ministerio Público Fiscal, para que el fiscal Córdoba sea citado a exponer respecto a su desempeño en un expediente por corrupción que fue cerrado hace más de un año, sobre la concesión del espacio radioeléctrico al grupo francés Thales.

Córdoba intervino durante el juicio por esa causa, iniciada en 1998 y cuyas audiencias recién comenzaron el 22 de mayo de 2014. Además de viejo e interminable, ese caso tuvo varias particularidades técnicas. La fiscalía ofreció prueba el 2 de julio de 2015, y al momento de plantear las acusaciones en el juicio postuló un cambio de calificación de los hechos juzgados, y sostuvo que no estaba en condiciones de imputar otra calificación que la que finalmente terminó bajo prescripción. 

Sucedió que en el TOF 3 había una causa de similares características contra Thales, y la Cámara de Casación había modificado la calificación. En consecuencia, el fiscal Córdoba indicó que estaba condicionado por esa acción del tribunal superior, y tuvo que cambiar la calificación de su propia acusación para mantener la coherencia jurídica.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu cerraron el caso. Por ese motivo, Tahilade busca ahora que el fiscal ante el TOF dé explicaciones. Consideró que se imprimió celeridad al juicio contra Báez mientras desatendía otros casos de corrupción, como el de la concesión del espacio radioeléctrico a un grupo francés. Además, en una serie de tuits criticó la severidad en el pedido de la pena contra el ex socio comercial de Cristina Kirchner. 

Fuentes judiciales explicaron que el tiempo de la agenda de los juicios excede a las fiscalías, e incluso “a los tribunales, pues la mitad de los mismos están incompletos y en muchos casos lleva tiempo conformarlos para dar inicio a un debate oral”.

Ante la objeción formulada por el diputado kirchnerista, en Comodoro Py vincularon el pedido ante la comisión bicameral como una “respuesta a la condena dictada contra Lázaro Báez”, entendiendo que el pedido de doce años de prisión fue la solicitud de la fiscalía, pero como parte acusadora el alegato "está sujeto a un control de legalidad del tribunal". Allí recuerdan por ejemplo que Abel Córdoba también intervino en dos juicios contra Amado Boudou y en uno de ellos el TOF interviniente no tomó en cuenta su pedido de pena y absolvió al ex vicepresidente.

Durante el juicio contra Báez y otros 25 imputados en la Ruta del Dinero K, el representante del Ministerio Público Fiscal dio por corroboradas las maniobras que se habrían concretado entre 2010 y 2013 con la participación de más de veinte personas físicas y unas quince personas jurídicas.

La Fiscalía sostuvo que la piedra angular de todas las operaciones investigadas fue Austral Construcciones y consideró que el empresario K "fue el creador, el artífice del entramado que desde Austral se ramificó a otras firmas usadas para las maniobras de lavado". Y reforzó el concepto: "La organización con despliegue transnacional tuvo a la cabeza a Lázaro Báez, quien detentó el poder total de Austral como de la organización de lavado, contó con toda la estructura de relevancia con una colaboración incondicional de los socios formales, de sus directivos, de sus subordinados e incluso familiares". (Clarín) 

sábado, 6 de marzo de 2021

jueves, 25 de junio de 2020

CHOREO LEGÍTIMO



martes, 8 de octubre de 2019

miércoles, 10 de julio de 2019

Para temblar




jueves, 4 de julio de 2019

miércoles, 27 de febrero de 2019

Tiene que haber algún límite al disparate




jueves, 6 de diciembre de 2018

miércoles, 5 de diciembre de 2018

¡¡Actualicen a Grabois!!! ¡¡Qué alguien le chifle en la oreja que la está chingando!!






lunes, 3 de diciembre de 2018

¿Una fiscal de Justicia Legítima? Hummmm... no me haría ilusiones




sábado, 25 de agosto de 2018

López declaró que le dio a Wado De Pedro dinero para Justicia Legítima

Involucró al diputado camporista como intermediario; Bonadio homologó su "arrepentimiento"; la agrupación de jueces y fiscales dijo que no recibió esos fondos


José López, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, declaró ante la Justicia que le entregaba dinero al dirigente de La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro para el financiamiento de Justicia Legítima, según dijeron a LA NACION fuentes que accedieron al contenido de las revelaciones del exfuncionario, a quien ayer el juez Claudio Bonadio aceptó formalmente como "arrepentido".

María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima, una asociación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales que promueve políticas en sintonía con el kirchnerismo, dijo a LA NACION que todos los aportes están en sus balances y provienen de las cuotas de los socios. Y advirtió que el grupo no recibió ninguna donación. "Si alguien le dio plata para entregar a Justicia Legítima, pues no lo hizo, y no hemos recibido un peso de nadie", enfatizó la excamarista.

Voceros de Wado De Pedro, contactados por este medio, prefirieron no hacer comentarios ante lo que entienden que es un trascendido, aunque destacaron que no había contacto entre Justicia Legítima y el diputado camporista. La primera noticia sobre que el dinero de López llegaba a Justicia Legítima fue revelada por Carlos Pagni en su columna de anteayer en LA NACION. A partir de esa información, la agrupación emitió un comunicado en el que dijo tener "sorpresa e indignación" ante lo que consideró "la declaración de un detenido en busca de un beneficio".

Por eso pidieron "aclarar que semejante imputación, pese a ser genérica e imprecisa, afecta la honra y el prestigio de los miembros de nuestra Asociación Civil, por lo que esperamos lo más pronto posible que se esclarezca y precise el sentido de temerarias y difamatorias afirmaciones".

Bonadio homologó anoche el acuerdo al que habían llegado López y el fiscal Carlos Stornelli para reducir su condena a cambio de los aportes que prestó para la investigación de corrupción contra Cristina Kirchner.

López se convirtió así oficialmente ayer en imputado colaborador y sus revelaciones ya tienen valor en el expediente judicial que se inició con los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.

Los cuadernos mencionaban un circuito de recaudación ilegal de dinero de empresarios vinculados con las obras públicas. Los empresarios corroboraron esas acusaciones y confesaron pagos indebidos, y López, al declarar como arrepentido, explicó cómo funcionaba el mecanismo por el cual la plata ascendía hasta lo más alto del poder.

Él mismo se reconoció como uno de los recaudadores del dinero que terminaba en manos de Néstor Kirchner, al principio de la maniobra, y después de su muerte, en manos de Cristina Kirchner.

López buscó despegarse de la propiedad de los 9 millones de dólares que le fueron encontrados en su poder cuando fue detenido en la puerta de un convento en General Rodríguez en 2016.

Dijo que la plata no era suya, sino de "gente de la política" que se la dieron para que la llevara al convento. Mencionó que lo estaban vigilando tres hombres, dos en auto y uno en moto, mientras hacía la entrega. Ahora como "arrepentido" apuntó para arriba para identificar al dueño de los 9 millones de dólares. El hermetismo con que se manejó su declaración impide conocer otros detalles, pero por encima de él estaban Julio De Vido y Cristina Kirchner.

El exfuncionario, que vive protegido al amparo de un programa de protección del Gobierno, sigue preso, aunque lo sacaron de la cárcel de Ezeiza por su seguridad.

López declaró una vez el viernes pasado y luego hizo precisiones ante el juez Bonadio el miércoles último. En sus relatos mencionó a dirigentes de La Cámpora como destinatarios de fondos.

López no nombró a gobernadores como integrantes de la trama del reparto de dinero ilegal. Solo mencionó a dos intendentes, pero no en este contexto, sino como participantes de una reunión con él en la que se acordó una estrategia para neutralizar el crecimiento de Sergio Massa.

Al referirse a La Cámpora, mencionó que le daba dinero a Wado De Pedro para el financiamiento de Justicia Legítima, dinero que la agrupación negó haber recibido.

El arrepentido, siempre asustado y cauteloso, teme por su vida. De hecho, su defensor oficial, Gustavo Kollmann, pidió a Bonadio que la declaración permanezca sellada para no comprometer la seguridad de José López ni que se entorpezca la comprobación de sus dichos.

En una declaración de más de cinco horas frente al fiscal, había confirmado el esquema de recaudación de retornos de la obra pública, apuntó hacia arriba en la cadena de responsabilidades, explicó el origen del dinero de los bolsos que trasladó y mencionó a Máximo Kirchner, según reconstruyó LA NACION en los últimos días.

También declaró el financista de los Kirchner Ernesto Clarens, a quien aún no se le homologó el acuerdo como arrepentido.

José López podría pedir declarar ante los jueces que llevan adelante el juicio en su contra para buscar que sus aportes mejoren su situación judicial también en el caso por enriquecimiento.

La ley del arrepentido prevé que puede negociarse una reducción de pena que va de un tercio del mínimo a la mitad del máximo de la pena prevista mientras la causa esté en instrucción. Una vez que el caso llegue a juicio oral y público, como en el caso de José López, que está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito, el fiscal y el acusado ya no pueden negociar este beneficio. De todos modos, el artículo 41 bis y 41 ter del Código Penal prevén que en caso de una condena, la escala penal puede reducirse a la de tentativa cuando el acusado, en el juicio, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles que permitan evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho; revelar la identidad o el paradero de sus autores; hacer avanzar la investigación; encontrar dinero o bienes objeto del delito, o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en los delitos. (La Nación)

Y como no podía ser de otra manera... No podía faltar el mimo del KAKA, encubridor de pedófilos...



miércoles, 21 de junio de 2017

FrancisKo, el más KAKA de todos


martes, 6 de junio de 2017

Un fiscal federal pidió que “caigan” Michel Temer y Mauricio Macri

Se trata Enrique Senestrari, integrante de Justicia Legítima. Además defendió el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Esta es la cara del engendro




jueves, 18 de mayo de 2017

La titular de Justicia Legítima había votado a favor del 2x1 ¡No pueden más de sinvergüenzas!

Como le pasó a Eugenio Zaffaroni, a quien luego de criticar a la mayoría de la Corte que votó la aplicación del 2x1 se le conoció un fallo suyo casi idéntico, con el que avalaba beneficiar al apropiador de menores Enrique Reis, ahora otra espada importante del kirchnerismo queda en off side con el mismo delicado tema: la doctora María Garrigós de Rébori, titular de la agrupación jurídica ultra K Justicia Legítima que ayer había pedido la renuncia de Rosenkrantz, Rosatti y Highton, había votado a favor a aplicar el 2x1 nada menos que a Raúl Guglielminetti, el famoso espía del Ejército que operaba en el centro clandestino "Automotores Orletti".
El 21 de diciembre de 2010, Guglielminetti fue condenado a 25 años de prisión por imposición de tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada en 22 casos. Sus defensores solicitaron que le concedan la libertad condicional alegando que ya había cumplido los dos tercios de la pena, gracias a un cómputo que incluía el artículo 7 de la ley 24.390. Es decir: pidieron que se lo beneficie con el 2×1.
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Según informó el portal Infobae, los abogados de Guglielminetti argumentaron que si bien los hechos por los cuales había sido condenado su defendido eran anteriores a la derogación de la ley, en 2001 sus efectos continuaban vigentes en virtud del principio de la ley penal más benigna. La misma tesis que admitieron los jueces de la Corte que hace dos semanas votaron por aplicar ese beneficio al represor Luis Muiña.
Raúl Antonio Guglielminetti, conocido por su alias "Mayor Guastavino", fue un agente de inteligencia que integró el temible Batallón 601. Durante la última dictadura militar perteneció al grupo de tareas que operaba en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", bajo el mando de otro represor, Aníbal Gordon. En ese taller mecánico mantenían secuestradas y torturadas a víctimas del régimen militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. También tuvo vinculación con los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "El Olimpo".
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La Cámara Criminal y Correccional rechazó el pedido de excarcelación del represor, pero hubo un voto en disidencia: fue el de la jueza María Laura Garrigós de Rébori, presidente de Justicia Legítima.
En su voto, Garrigós sostuvo que Guglielminetti había cumplido los dos tercios de la pena, debiendo aplicarse el 2 por 1 por tratarse de la ley penal más benigna. Y agregó: "Considero que lo requerido por la defensa no es un beneficio sino un derecho".
Entre sus argumentos, la jueza sostuvo que no existía peligro procesal, es decir, estimaba que Guglielminetti no se iba a fugar o entorpecer la investigación, por lo que concluyó: "A mi juicio, corresponde hacer lugar a lo solicitado".
Parece que la doctora perdió la memoria. Anteayer, pidió que los ministros de la Corte que avalaron la aplicación del 2×1 renuncien a sus cargos. "El fallo fue un error jurídico y político; los jueces se han equivocado largamente", planteó.

Raúl Antonio Guglielminetti, conocido por su alias "Mayor Guastavino", fue un agente de inteligencia que integró el temible Batallón 601. Durante la dictadura perteneció al grupo de tareas que operaba en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", bajo el mando de otro represor, Aníbal Gordon. En ese taller mecánico también operaban las células de la SIDE que trabajaban secuestrando personas en el marco de la Operación Cóndor. (Clarín)