Ayer temprano, la Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión a Julio De Vido por la tragedia de Once. Y horas más tarde, el mismo ferrocarril descarriló dejando una decena de heridos. No debe haber una radiografía más perfecta para Argentina.
La tragedia ferroviaria ocurrió el 12 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y murieron 51 personas. Por el caso hubo un primer juicio en el que en diciembre de 2015 fueron condenados el maquinista Marcos Córdoba, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, y ex directivos de la empresa. A De Vido lo juzgaron en un segundo juicio, por el cual recibió una condena en 2018. Pasaron siete años para que ayer quedara firme.
Las 51 muertes de 2012 fueron la crónica de una tragedia anunciada. El estado de los trenes fue el reflejo más claro de que la corrupción podía matar además de hacer ricos a los funcionarios. La reacción del Gobierno kirchnerista fue estatizar el servicio e inyectarle millones de dólares para renovar la flota. Que 13 años después ese mismo tren descarrile muestra la peor imagen de la Argentina. Ni con víctimas, juicios y condenas los responsables toman nota. Ni aquellos que miraron para otro y buscaron zafar de la Justicia, ni aquellos que hoy deben velar por los ferrocarriles que otra vez muestran temerarias fallas de mantenimiento.
