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miércoles, 27 de mayo de 2026

🚨 CAUSA CUADERNOS: LA EX DE CENTENO DECLARABA Y SE DESCOMPENSÓ (CON VIDEOS)

"La causa Cuadernos de las Coimas sumó este martes un nuevo testimonio explosivo. Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, aseguró ante el Tribunal Oral Federal 7 que fue utilizada como “testaferro” por el exchofer de Roberto Baratta y relató episodios vinculados a bolsos, dinero y documentación que forman parte de la investigación".


La ex de Centeno habló de bolsos con dinero


El Pase: "Causa Cuadernos" - Declaró la ex de Centeno
Hilda Horovitz, reconoció que fue "testaferro" 
Joni Viale y Diego Sehinkman - 26/5/26

"Horovitz declaró en el juicio oral y ratificó que vio los cuadernos. En la declaración detalló el uso de bolsos alargados para el transporte de dinero en efectivo y dijo que Oscar Centeno le enseñó a acomodar el dinero en los bolsos. Horowitz relató haber sido víctima de violencia de género y haber brindado información a Roberto Baratta debido a estos conflictos con Oscar Centeno". 


"👉 En la última jornada del juicio por la causa conocida como los cuadernos de las coimas, Hilda Horowitz, exesposa de Oscar Centeno —el chofer que registró en ocho cuadernos supuestos pagos ilegales— se convirtió en una testigo central. Su declaración comenzó ayer y continuará debido a una descompensación que sufrió durante la audiencia. Horowitz confesó sin rodeos: "Yo fui testaferro de Centeno; usó mi nombre para muchas cosas". Relató cómo vio los famosos cuadernos en su domicilio y detalló que Centeno le entregaba dólares para pagar cuotas bancarias. Además, mencionó una flota de remises puesta a disposición del Ministerio de Planificación Federal. Durante su testimonio, reconoció haber hecho copias de documentos comprometedores y entregárselos a Miriam Quiroga, ex
secretaria presidencial. Según Horowitz, estos papeles fueron destruidos por orden superior. También identificó bolsos utilizados por Centeno para transportar dinero y explicó que los llevó a tribunales para evitar sospechas sobre su contenido. La audiencia incluyó audios donde Horowitz presionaba a Roberto Baratta —ex funcionario clave— reclamando dinero y advirtiendo que poseía pruebas documentales: "Todas las pruebas que tengo las tiene un periodista". Finalmente, aseguró estar dispuesta a declarar toda la verdad ante la justicia".




domingo, 16 de noviembre de 2025

sábado, 15 de noviembre de 2025

domingo, 23 de febrero de 2025

Sorpresivo giro en el caso YPF: por una denuncia contra Cristina y Eskenazi, la jueza Preska podría revocar su fallo

 


Sorpresivo giro en el caso YPF: por una denuncia contra Cristina y Eskenazi, la jueza Preska podría revocar su fallo contra argentina por u$s 16.000 millones - Por Claudio Savoia

Escrito por Claudio Savoia

La presentó Fernando Irazu, de la ONG Republican Action for Argentina. La magistrada aceptó el pedido y lo giró a las partes. YPF y el Estado deben responder antes del 25 de febrero. El factor Lijo, y una oportunidad de oro para el gobierno. 

El destino de la segunda deuda más grande de la Argentina, detrás del préstamo con el FMI que Mauricio Macri tomó en 2018, podría tener un inesperado giro favorable para el país: aunque ya firmó una sentencia que obliga al Estado a pagar 16.000 millones de dólares al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008, esta semana la jueza estadounidense Loretta Preska abrió una consulta a las partes del proceso para consultarlos sobre una inquietante denuncia que aterrizó en su escritorio y podría llevarla a anular su fallo. La Argentina tiene tiempo hasta este martes para responder al tribunal.

Se trata de la presentación que el lunes pasado realizó al organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.

Para comprender la importancia capital de la noticia, es necesario ingresar a un áspero laberinto de negociados, traiciones, oportunistas y rocosos expedientes judiciales. Veamos.

A través del abogado argentino Fernando Irazu, RAFA se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuestamente fraudulenta compra en 2008 del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia delictiva con el matrimonio Kirchner, del que se sospecha fue su testaferro.

Cuando luego de la muerte de Néstor Kirchner y una jamás esclarecida ruptura de la relación de su viuda con Eskenazi, en abril de 2012 el gobierno tomó el control de la petrolera, sólo expropió el paquete mayoritario de acciones, que tenía la firma española Repsol. Ignoró a su otrora íntimo socio argentino.

Luego de algunos intentos de negociar, Petersen vendió los derechos del reclamo penal por no haber sido indemnizados, que terminaron en manos de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park. ¿Sólo de ellos, sin ninguna participación o cláusula secreta en favor de los Eskenazi? Todos ellos juran que no.

Diciembre de 2007: Cristina con el titular de Repsol-YPF, Antonio Brufau y Enrique Ezkenazi, jefe del Grupo Petersen.

El reclamo judicial comenzó a andar en la correspondiente sede neoyorquina, y después de otra serie de peripecias acabó con la condena a que la Argentina pague 16.000 millones de dólares a Burford y Eton.

Con las cartas echadas, el doctor Irazu presentó en el juzgado de Preska una Moción de la Regla 60 -instrumento procesal para pedir la anulación de una sentencia- que contiene la denuncia que Elisa Carrió hizo en Comodoro Py en 2006 por el supuesto vaciamiento de YPF para luego comprar más baratas sus acciones, y las sucesivas ampliaciones en 2012 y 2023, en las que acusa a los Kirchner de haber convenido con Eskenazi la captura de las acciones de la petrolera.

A través de los años, Carrió aportó más pruebas de aquella supuesta complicidad, y el posterior negocio millonario del reclamo judicial porque el Estado no pagó las acciones que tenían los Eskenazi. Para la fundadora de la Coalición Cívica, sus verdaderos dueños eran los Kirchner, que durante todo el proceso se mostraron cuanto menos tibios para defender los intereses del país y no indemnizar a Petersen (luego Burford y Eton).

Entre los sucesivos denunciados por la Coalición Cívica están desde Cristina Kirchner y Axel Kicillof hasta Julio De Vido y Carlos Zannini.

En su presentación en Nueva York, RAFA también sumó un segundo exhibit, como se llaman las nuevas pruebas con las que se pretende reabrir un caso. Se trata de un explosivo informe secreto de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) confeccionado en 2018 por su titular durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici.

El trabajo de inteligencia financiera, al que ahora accedió Clarín, desmenuza paso por paso los aparentes enjuagues financieros del Grupo Petersen para hacerse de las acciones de YPF y la persistencia actual de supuestos derechos económicos sobre el resultado de la multimillonaria demanda de Burford.

"No se puede descartar que el arribo del Grupo Petersen en Repsol YPF pudo ser consecuencia de una maniobra diseñada, o planificada, con la complicidad del gobierno de turno, en ese entonces, bajo la presidencia de Cristina Kirchner", dice el informe secreto que leyó -y consideró- la jueza Preska.

Esa montaña de información precisa, detallada y documentada fue completamente soslayada por el juez que hace casi dos décadas debe investigar estos conjeturales delitos, y que ni siquiera formuló una sola citación a indagatoria en el caso. ¿Su nombre? Ariel Lijo.

"Como parte interesada, yo pedí la intervención en el caso, la investigación, la suspensión y la revocación del fallo de Preska por las razones contempladas en la Regla 60, ya que lo debe hacer la misma jueza que dictó la sentencia", dice a Clarín el doctor Fernando Irazu.

Las mociones para anular sentencias dictadas en causas civiles en los tribunales inferiores de los Estados Unidos se rigen por la Regla 60 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Por lo general, la moción no puede basarse en motivos que se hayan considerado previamente, por lo que solo puede concederse en circunstancias inusuales, como cuando la sentencia se obtuvo mediante fraude que no pudo haberse descubierto en el momento del juicio.

"El proceso fue planteado como una disputa civil o comercial, un túnel que te lleva a este resultado, cuando en realidad es un tema de derecho penal. Y los intereses del Estado Argentino e YPF con los Kirchner difieren de los intereses de los argentinos, evidentemente", desliza el titular de RAFA.

Noviembre de 2008: Cristina Kirchner en el despacho presidencial al titular de Repsol-YPF, Antonio Brufau, y el recién ingresado a la petrolera y amigo de los Kirchner, Enrique Eskenazi.

"El tema se planteó como una disputa derecho privado cuando en realidad estamos frente a un esquema criminal internacional que decanta en fraude procesal ante un tribunal norteamericano para llevarse el botín", acelera el abogado.

Irazu pidió la Regla 60 ex parte, es decir sin participación de ninguna de las otras partes del proceso, "porque solicité que se ordene una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia estadounidense y la agencias relevantes a nivel internacional, desde Estados Unidos. Argumenté que debía ser ex parte porque los investigados y eventualmente acusados no debían ser alertados."

Pero cuando el miércoles pasado la jueza aceptó y giró su reclamo a todas las partes decidió darles vista de todo, excepto los dos exhibits: el expediente Carrió que duerme en las cajoneras de Lijo y el radiactivo informe secreto de la UIF sobre los Eskenazi.

"Es decirle a los Eskenazi, Kirchner, Burford y Eton que el Departamento de Justicia de Washington y otros organismos deben investigarlos y someterlos a proceso penal", dice el representante de la Republican Action for Argentina. "Asumo que la jueza desea ver qué tienen para decir el Estado Argentino e YPF, quienes nunca argumentaron lo que yo ahora estoy argumentando, por razones obvias: los Kirchner y los Eskenazi controlaron en la práctica el Estado Argentino e YPF en momentos clave del proceso. Cuando se inició la demanda y cuando se emitió el fallo, Kirchner estaba en el poder."

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli redondea: "el doctor Irazu se presentó ante el juzgado de Loretta Preska para solicitar que se investigue la comisión de delitos de defraudación, estafa procesal y lavado de activos, cometidos por una asociación criminal comandada por Cristina Kirchner, utilizando de testaferros a la familia Eskenazi".

"Allí se denunció que los derechos legales para litigar contra YPF y la Argentina obtenidos por Burford fueron fruto de maniobras ilícitas de defraudación al Estado argentino y de lavado de activos en España. Por ese motivo, se solicitó que se investigue un fraude al sistema judicial estadounidense, intentando ejecutar bajo apariencia de una actividad comercial los frutos de esos delitos", concluye Campagnoli.

Mientras avanza el tic tac del reloj procesal hasta el martes, cuando vencerá el plazo para responder a Preska, crece la expectativa sobre cuál será esa respuesta por parte del gobierno e YPF: ¿apoyará y abundará la tesis con la que la Republican Action for Argentina abrió una inesperada rendija para discutir el pago de 16.000 millones de dólares? ¿Hay en esas oficinas real conciencia de la envergadura de esa responsabilidad? Clarín se contactó con la procuración del Tesoro y el ministerio de Justicia, que no quisieron responder al respecto. (Vía Notiar)

lunes, 29 de mayo de 2023

¡Qué triste es verlos arrodillados ante "los incentivos"! Sobre todo cuando te vendían honorabilidad

 



Recordatorio

Y la mosquita muerta también había agregado lo suyo...



viernes, 28 de enero de 2022

domingo, 7 de noviembre de 2021

¡Qué la inocencia le valga al pobre Claudito!

 

miércoles, 3 de noviembre de 2021

¡Dos menos! CANCELADOS

 


Y por si fuera poco...



domingo, 3 de octubre de 2021

martes, 28 de septiembre de 2021

SENTENCIA DESPUÉS DE 14 AÑOS: Claudio Savoia y la condena a la exsecretaria de Ambiente, Romina Picolotti: "Una historia muy personal"

 

Corrupción K

Romina Picolotti, Alberto Fernández y mi hijo Camilo: crónica de la causa que duró una vida

Hace 14 años, una investigación de Clarín reveló los manejos de la ex secretaria de Ambiente ahora condenada. Este tiempo mostró las limitaciones de la justicia y los tentáculos de la política.

El descargo de Romina Picolotti antes de que se conozca el veredicto por usar fondos públicos para gastos personales

La ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por pagar aviones y gastos personales con dinero público

Muchas veces me imaginé escribiendo esta nota. En cada una de ellas, sacaba y agregaba datos de la investigación que este lunes fue ratificada en cada detalle por la justicia federal.

El domingo 8 de julio de 2007 me desperté más temprano que lo habitual, aunque había dormido poco y mal: la noche anterior, cerca de la medianoche, habíamos cerrado en el diario una edición para cuya nota principal había trabajado más de tres meses. "Extraños manejos en la secretaría de Medio Ambiente", era el título principal de la tapa, en negras letras enormes y arriba de una foto de Gustavo Cerati tocando la guitarra junto a Shakira.

Me levanté ansioso por tomar la edición de papel y ver mi trabajo, pero una sorpresa infinitamente mayor me esperaba sobre la mesada del baño: un cartelito y un test de embarazo con las dos rayitas rojas que confirmaban la noticia. El pasmo se convirtió en alegría, y las andanzas de Romina Picolotti, sus familiares y amigos con el dinero del Estado pasaron a segundo plano.

Sólo era el inicio de una semana trepidante: el lunes 9, mientras Buenos Aires se humedecía con una nevada histórica, Clarín avanzaba con la segunda entrega de la investigación y el gobierno organizaba la defensa de la joven funcionaria en la casa de una de de sus colaboradoras. Hasta ahí, lo previsible.

Picolotti junto a la entonces senadora Cristina Kirchner, con quien se reunió para analizar el avance del saneamiento del Riachuelo. Otro de sus fracasos.

Picolotti junto a la entonces senadora Cristina Kirchner, con quien se reunió para analizar el avance del saneamiento del Riachuelo. Otro de sus fracasos.

Las cosas cambiaron 24 horas después, cuando el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y padrino político de Picolotti, Alberto Fernández, convocó a una conferencia de prensa en la Casa Rosada para referirse al caso. Hacia ahí marché. En el primer piso, junto a un escritorio en el que Fernández y su pupila se sentaron con cara de enojados, una pantalla mostraba fotos mías, de mi familia, de mi nota y datos falsos respecto a cada uno de ellos.

"Pseudoperiodista", "supuesto periodista de investigación", "operador" y el más rotundo "autor de imbecilidades" fueron algunas de las consideraciones que el segundo hombre más poderoso del gobierno vertía ante la transmisión televisiva en directo, sin que ninguno de los colegas presentes pudiéramos formular preguntas ni yo tampoco exhibir el audio de la entrevista en que Picolotti admitía la veracidad de mi información.

El furibundo ataque personal, antecedente de los que otros periodistas sufrirían uno y dos años más tarde, pretendía aquella vez aislar al cronista del medio en el que trabajaba, atribuyéndole un engaño masivo con información falsa, incluso a sus propios editores.

Ni siquiera el escándalo que causó aquella jugada -de la que no fue ajeno un colaborador de Fernández llamado Juan Pablo Biondi- la detuvo: el sábado siguiente, mientras el presidente Kirchner, sus ministros y el candidato a jefe de gobierno porteño por el oficialismo -Jorge Telerman- inauguraban el luego fallido tren turístico de Puerto Madero, dos periodistas de Clarín recibieron una llamada desde allí para preguntar si podían anunciar en ese acto "que lo echaron a Savoia".

La referencia personal, que jamás me permito, tiene otro objetivo que el de una tardía y estéril victimización. En cambio, busca refrescar la memoria respecto de las artes y la elasticidad ética de aquellos funcionarios que hoy están en lo más alto del poder, frente a la difusión de información que -sabían perfectamente- era correcta de punta a punta.

En junio de 2008, junto al vicepresiente Julio Cobos, Romina Picolotti analizó en Bariloche con el intendente de El Bolsón, Oscar Romera, soluciones para el problema del agua contaminada con cenizas del volcán chileno Chaitén. Detrás de ella el ahora despedido vocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi. Foto: Presidencia.

En junio de 2008, junto al vicepresidente Julio Cobos, Romina Picolotti analizó en Bariloche con el intendente de El Bolsón, Oscar Romera, soluciones para el problema del agua contaminada con cenizas del volcán chileno Chaitén. Detrás de ella el ahora despedido vocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi. Foto: Presidencia.

La justicia empezó a caminar de inmediato, con las dificultades, trabas y agachadas que aún la caracterizan. El fiscal Guillermo Marijuan impulsó una causa unificando las cuatro denuncias que recibió, y su equipo empujó y reclamó medidas a la jueza María Servini, que algunas semanas después allanó el edificio de la secretaría y se llevó 63 cajas con documentación.

En los cajones de Clarín permanecían -ahí siguen, creo- pilas de facturas y papeles que certificaban el transparente fraude de Picolotti y sus amigos con el presupuesto que el Estado les había confiado para limpiar el Riachuelo, reconvertir las industrias contaminantes, evitar y combatir los incendios forestales y otros problemas ambientales, ninguno de los cuales disminuyó bajo su gestión.

Nunca fui convocado a mostrar esos papeles, ni a certificar mi trabajo como testigo ante la justicia, hasta la primera jornada del juicio oral que culminó ahora. En el despacho de Marijuan, el entonces abogado de Picolotti, Fabián Musso, pasaba a saludar y dejar su tarjeta: trabajaba en el estudio de Esteban Righi... jefe de los fiscales. "Imaginate, tengo que acusar a una clienta de mi jefe", se sorprendían en la fiscalía. Alberto Fernández había intervenido personalmente ante Righi para defender a su protegida.

Años después, cuando su investigación ya había sido elevada a juicio con un dictamen demoledor, Marijuan volvió a recibir visitas. Esta vez de parte de la embajada de Estados Unidos: desde el departamento de Estado querían chequear la información de que Romina Picolotti, ciudadana estadounidense y residente en la exclusiva zona de Palm Beach, en la Florida, estaba siendo "perseguida" por la justicia argentina, sin pruebas en su contra. El enviado se llevó una carpeta con información inapelable. Nunca más se escucharon reclamos.

Marzo de 2007: Picolotti con el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, junto al Riachuelo que prometieron sanear.

Marzo de 2007: Picolotti con el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, junto al Riachuelo que prometieron sanear.

Pero el expediente flotaba en la ciénaga de la burocracia judicial. Y soportaba el fortísimo influjo político, desde luego. Las mismas y evidentes pruebas con que este lunes el TOF 6 condenó a la ex funcionaria estuvieron allí todos estos años, más de una larga década. No revelaban millonarios negocios como los de Hotesur y Los Sauces, ni un cosmos perfecto de corrupción como el que registraron los Cuadernos de las Coimas. Mostraba "sólo" una triangulación de dinero hacia una fundación paraestatal y su uso en la compra de pasajes aéreos, contrataciones de amigos y familiares, alquiler de jets privados y compras personales para Picolotti, su familia, sus amigos y sus novias. Algo chiquito. Indiscutible.

Y quizá sea justamente eso lo más difícil de digerir: tan pequeño al lado de aquellos enormes negociados, el caso Picolotti revela con nitidez el pésimo trabajo de la justicia argentina y los mil y un recursos y chicanas para demorarla y engañarla. Para que pase el tiempo -ese poderoso aliado de los corruptos- pese al esfuerzo aquí destacable de los fiscales Marijuan y Diego Luciani, que organizó y sostuvo la acusación en la instancia oral, que luego de tres postergaciones reclamó e insistió para que el juicio comenzara de una vez, y pidió en su alegato que Picolotti devolviera el dinero que se robó.

Finalmente llegó el día de la condena. Vaya un homenaje a las decenas de empleados y funcionarios jerárquicos de la secretaría, proveedores y contratistas que enfrentaron su miedo para denunciar los atropellos que ocurrían en Ambiente, compartir documentos, ofrecer su testimonio y brindar pruebas a la prensa y a la justicia. Entre ellos, un recuerdo especial para la contadora Patricia Báez Rocha, ejemplo de transparencia y compromiso con el Estado, recientemente fallecida. Conocedora de cada detalle de los números de la secretaría, fue primero amenazada y luego seducida, cuando Alberto Fernández le ofreció personalmente un gran trabajo en su Gabinete a cambio de su silencio. El ahora presidente aún debe recordar la respuesta que recibió.

Con la sentencia de este lunes, la justicia cierra un primer capítulo en esta historia de delito y desidia. Catorce años más tarde. Ahora vendrán las apelaciones a la Cámara de Casación y eventualmente a la Corte, para seguir alejando el cada vez más liviano peso de la ley. Cuando llegue esa condena firme, quizás aquellas dos rayitas rojas que hoy se llaman Camilo Luciano Savoia y está en primer año de la secundaria lo encuentren en la universidad. Toda una vida. Sin exagerar.

 

domingo, 8 de diciembre de 2019

Decepción... Lástima, otro que se pasó de bando


viernes, 30 de agosto de 2019

Es larga, pero vale la pena porque está llena de datos oficiales y que están en el expediente. Juicio a Cristina

(Entrar en el link del tuit para leer la nota completa)


miércoles, 10 de julio de 2019

La mentira de Albertico respecto a su ahijada Romina Picolotti (con audio)


martes, 9 de julio de 2019

domingo, 7 de julio de 2019

¡NO OLVIDAR!





Pinocho Albertítere Testa Ferro en acción