
Uuuyyy... ¿de Tigre? ¿de Tiiigreee? Je, je, jeeee 😜😋




El jueves último llegó al juzgado de Martínez de Giorgi una nueva información sobre Mellino que acrecienta esa hipótesis. Un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor revela que el jubilado está autorizado a conducir cinco autos de gama media-alta, pertenecientes a Logística Latinoamericana S.R.L, sociedad de la que Mellino es o fue accionista mayoritario, según los documentos que pudo ver este medio.
Los vehículos son un Audi A3 Sportback; una camioneta Honda CR-V EXL; un Volkswagen Vento 2.5; una Dodge Journey SE 2.4 y un Volkswagen Passat.
El domicilio del jubilado que recibió el dinero de Davis es otra de las incógnitas en el caso. En los primeros días de diciembre, la Justicia fue a buscarlo a su casa en el municipio de Tigre para anoticiarlo del embargo dispuesto sobre sus bienes. Al lugar concurrió personal de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro que comprobó -como luego haría también LA NACION- que la dirección del jubilado no existe y que los vecinos de la zona tampoco lo conocen.
“Se consultó en la altura 442, donde funciona un bar y no conocen al causante; en la altura 432 funciona un local de hamburguesas y en el local de al lado un local de juegos”, consignó a la Justicia la comisaria Andrea Espósito, en un mail al que pudo acceder LA NACION.

La Justicia afirma que Mellino está sujeto al proceso judicial que lo investiga junto al presidente Milei y otros protagonistas del caso, entre ellos Davis, pero su domicilio real no consta en el expediente, según distintas fuentes consultadas al tanto del derrotero de la causa.
El enigma Mellino se potencia por sus vínculos con una serie de sociedades. Según la documentación que pudo revisar LA NACION, “Orlando R. Mellino” figura como manager de una compañía constituida en Florida, Estados Unidos, creada en 2021 pero inactiva desde 2023; y como codirector y jefe financiero de otra radicada en California, de la que también es director y jefe ejecutivo otro Mellino que figura como "Diego H. Mellino".
Esta última compañía, que se encuentra activa desde junio de 2023, se llama ORDI INC., un nombre que podría responder a las iniciales de ambos, Orlando y Diego.
El nombre de Diego Mellino también reaparece ligado al de Orlando en el plano local, por dos vías distintas.
Por un lado, Diego está habilitado a conducir los cinco mismos vehículos que Orlando. Los autos son propiedad de Logística Latinoamericana S.R.L, una sociedad de gestión y transporte de la que el jubilado Orlando Mellino se convirtió repentinamente en accionista mayoritario.
Según un documento público bonaerense, en febrero de 2023, los dueños anteriores le cedieron al jubilado el 90% de las acciones.
El otro punto de contacto entre Orlando y Diego se da a través de la dueña del 10% restante de la sociedad: Miriam Gladys Mingorance. El domicilio fiscal de la mujer -que quedaría como gerenta- es una dirección en el barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Blanco Encalada, donde hasta hace unos meses funcionaba un centro de quiropraxia dirigido por Diego Hernán Mellino, según pudo verificar LA NACION.

LA NACION se puso en contacto con el entorno del profesional semanas atrás y consultó por sus vínculos con el jubilado Orlando Mellino y la compañía ORDI INC. de California, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
LA NACION también contactó en varias oportunidades al abogado de Mellino, Gonzalo Guerrero, para hacerle las mismas consultas pero tampoco respondió.
La “irregular” situación de Orlando Mellino en el expediente derivó en un pedido especial por parte de una de las querellas. Representados por los abogados Nicolás Gastón Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, dos de los damnificados en la causa presentaron la semana pasada ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un escrito marcando la “anomalía” y pidiendo medidas.
“[Mellino] Se ha presentado en las actuaciones sin denunciar domicilio real, incumpliendo una carga procesal elemental que resulta indispensable para garantizar la regularidad del trámite y la sujeción efectiva al proceso”, señalaron. Solicitaron que se intime al jubilado a denunciar un domicilio real.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi contestó el pasado miércoles que Orlando Mellino se encontraba a derecho y que “contaba con un domicilio constituido” en la causa, aunque según pudo averiguar este medio, el único domicilio ligado a Mellino en el expediente es el “domicilio electrónico” de su abogado Guerrero, que es su CUIT.

Los querellantes solicitaron también que se requieran informes actualizados de Logística Latinoamericana S.R.L. “Reviste especial relevancia -marcaron los abogados- en el marco de una causa donde se discuten responsabilidades patrimoniales y eventuales medidas cautelares”. En su respuesta, el juez Martínez de Giorgi evitó referirse a este punto.
Según los registros públicos, antes de pasar a manos de Mellino, la sociedad Logística Latinoamericana S.R.L, que es titular de los autos, perteneció a Eric Feldsztejn, Guido Alejandro Levin, Jonathan David Romano y Dario Gabriel Rozental. Tres de esos nombres surgieron en los Pandora Papers, la investigación global que expuso la conformación de miles de sociedades y fideicomisos offshore. Feldsztejn, Levin y Romano figuran como parte de Griffin Group Consulting, una sociedad con domicilio en el partido Vicente López. Hace un mes, LA NACION fue al lugar para preguntar por su vínculo con Mellino, pero allí se limitaron a transmitir que “no iban a contestar ninguna pregunta”.
El millón de dólares que el jubilado recibió el 30 de enero por parte de Davis -42 minutos después de que el presidente Milei publicara en la red social X una foto junto al empresario- Mellino lo giró a una tercera cuenta, desconocida, pero con la que ya había interactuado previamente.
Según pudo constatar el fiscal Eduardo Taiano, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el jubilado había recibido de esa cuenta más de 5.8 millones de dólares, según los análisis que realizaron la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
Las transferencias vinculadas a Mellino son apenas una parte de una compleja red de movimientos que se activaron antes, durante y después del nacimiento la moneda virtual $LIBRA, cuyo auge y repentino colapso disparó numerosas denuncias contra el Presidente y se investiga en la justicia federal de Comodoro Py como una posible estafa.
Aparecieron documentos que contradicen al presidente: Milei negó haber firmado cualquier acuerdo con Hayden Davis, el operador de la criptomoneda Libra, pero los dispositivos del empresario Novelli habrían revelado registros del primer encuentro entre ambos. La Justicia avanza y el caso vuelve a poner en jaque la versión oficial.

ALERTA - AHORA
— Hugo Alconada Mon (@halconada) February 26, 2026
Peritaje clave. Detectan intercambios de mensajes entre el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento de $LIBRAhttps://t.co/avkhQKFWUC
No siembro ninguna duda sobre la veracidad del delito del caso $LIBRA (la Justicia dirá), lo que sí destaco es la falta de credibilidad por parte de este personaje y con todo lo que de él provenga...
🚨AHORA. El video del caso Libra. Hasta las manos es poco. pic.twitter.com/aLtzVRsQc0
— 👑King of Peronia (@KingOfPeronia2) December 22, 2025
Para muestra basta un botón...
Recordar el escándalo que armó con sus ataques a MM para después "desdecirse sin desdecirse"...







Un abogado de confianza extrema de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantiene canales abiertos de negociación con allegados a los inversores perjudicados por el colapso del criptoactivo $LIBRA, con el objetivo de desactivar el escándalo que estalló hace nueve meses. El plan es resarcir en dólares a los damnificados a cambio de que retiren sus acusaciones contra el presidente Javier Milei en los tribunales federales de Comodoro Py, según confirmaron cinco fuentes al tanto de las tratativas a LA NACION.
Las conversaciones informales se iniciaron en Buenos Aires, semanas atrás, y abarcan a Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza. El letrado se reunió con emisarios de los afectados en la Argentina por la operatoria que tiene como protagonistas al estadounidense Hayden Davis y a los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que el jefe de Estado impulsó con un posteo, el 14 de febrero.
Según las fuentes, Viola llegó a los allegados de los afectados a través de otro alfil en el universo libertario: Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y marido de la legisladora y coordinadora nacional de la campaña oficialista, Pilar Ramírez, con quien conforma una dupla muy cercana a los hermanos Milei. Wasserman habría puesto en contacto a los emisarios de los inversores con el letrado que reporta a la cúspide libertaria, según indicaron tres fuentes.
Del otro lado de la mesa, entre los interlocutores de Viola aparece Gastón Douek, un consultor en comunicación y experto en redes sociales con experiencia en la Argentina, México y España, entre otros países. Según reconstruyó LA NACION, Douek colabora con el equipo legal que avanza contra el presidente Milei, apoyado en pruebas que define como “más que contundentes”, aunque se muestra abierto a una negociación.
Una de las fuentes al tanto de las tratativas resumió la estrategia: “La premisa es que la Casa Rosada puede negar que buscan solucionar con dinero lo que pasó. Pero Viola cuenta con el aval de Karina para moverse”. Y agregó: “La idea es arreglar con los inversores para que, al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa’”.
Consultados por LA NACION, junto a Viola no confirmaron ni desmintieron la existencia de canales informales de diálogo. “Santiago no es funcionario del Gobierno, ni tuvo una reunión directa con la querella, pero al que le pregunta le responde que la condición insoslayable para hablar es que primero despeguen al Presidente [del caso $LIBRA] porque no cometió ningún delito”, indicaron. “Despejado ese punto se puede discutir si es viable lo demás”.
Wasserman, en tanto, negó todo rol o conocimiento sobre los letrados de los inversores. “No sé quiénes son”, indicó ante la consulta de LA NACION. “Nunca los escuché, ni los ví”.
El camino que explora Viola registra tres pasos previos por arribar a una solución por fuera de los tribunales. La primera ocurrió tras la apertura de la investigación penal en la Argentina. La defensa de Hayden Davis sondeó la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la reparación integral del daño. Según reveló LA NACION en junio pasado, el empresario sondeó en los tribunales de Comodoro Py la posibilidad de devolver cerca de US$100 millones a cambio de cerrar el proceso penal en su contra.
“Hasta ahora sólo se presentaron unos pocos inversores ante la Justicia argentina, y por montos bajos, así que no habría problema por ese lado, aunque lo importante es determinar si la iniciativa [de depositar los fondos] es posible en sí”, planteó una fuente consultada en aquel momento. “Ahora hay un choque de jurisdicciones”, abundó. “En ese contexto, ¿dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”.

En mayo, en tanto, Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, letrados que representan a más de treinta inversores con pérdidas que superan los US$ 4,5 millones, mantuvieron una audiencia de mediación con letrados de Novelli, Terrones Godoy y del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Pero quedó trunca.
Y en junio, el abogado de Davis en Buenos Aires, Marcos Salt, recibió otra señal: lo sondeó un colaborador de Fernando Burlando, aunque también se diluyó. Entre otros motivos, porque son pocos los inversores que se presentaron ante la Justicia y, del otro lado del mostrador, nadie quiere hacer el “fronting”, es decir, dar la cara –y responder preguntas- por el dinero a repartir.
En sus propias conversaciones informales, Viola puso otra condición a los allegados de los inversores con los que mantuvo al menos una reunión, llamadas y mensajes cruzados desde los días previos a las elecciones legislativas de octubre: Burlando debía abrirse de las negociaciones. Entre otros motivos, porque se había presentado como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, restándole votos a los libertarios. Y así ocurrió, según confirmaron junto al letrado a LA NACION. “Lo apartaron, a lo cual accedió para ver si encontraban una solución; y como no se concretó, ahora volvió”.
De vínculo fluido y permanente con Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, Viola es una figura clave para el espacio libertario en situaciones complejas que requieren de movimientos en el más bajo perfil. Según reconstruyó LA NACION, también buscó una salida consensuada con el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en plena tormenta por la filtración de audios.
Viola enfrentó antes sus propias turbulencias en los tribunales, que logró sortear. En 2017, el juez federal Sebastián Casanello lo denunció junto al exfiscal y exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Edgardo Miragaya, por montar una operación con testigos falsos durante la presidencia de Mauricio Macri para apartarlo de la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero. Los testigos terminaron condenados por falso testimonio agravado en 2020, mientras que la Cámara de Casación benefició a Viola y Miragaya en 2021.
Ahora, la prioridad para Viola es que los inversores que se presentaron en Comodoro Py despeguen al Presidente del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA. En otras palabras, que lo separen de Davis, Novelli y Terrones Godoy, y que también desechen avanzar contra Milei por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, como también denunciaron dos entidades de la sociedad civil en abril pasado.
La presentación llevó las firmas de los directores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), Julián Alfie, y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Pedro Biscay. Juntos afirmaron que la “memecoin” $LIBRA representa “un caso excepcional de corrupción” porque estimaron que se encontraba “ya acreditado casi en su totalidad” con las evidencias de “público conocimiento”.
En su presentación de 43 páginas, Inecip y Cipce plantearon que la Justicia debe avanzar contra Milei por negociaciones incompatibles con su función. Recordaron que recurrió a la red X para difundir un emprendimiento privado –“Viva la Libertad Project”-. En otras palabras, que Milei “se interesó en un negocio de características privadas”.
“El hecho ilícito imputado al Presidente de la Nación, Javier Milei, radica en haber promocionado públicamente un negocio comercial totalmente ajeno a los fines legítimos de la administración pública”, destacaron Alfie y Biscay. Esa acción, conllevó promover “una supuesta inversión basada en la colocación de ahorros del público en una memecoin, una práctica altamente especulativa y sin respaldo institucional”.
Más allá de los planteos de Inecip y Cipce, insistieron junto a Viola ante la consulta de LA NACION, la condición inamovible para que avancen las negociaciones sería que las querellas desistan en los tribunales de avanzar contra el Presidente. Eso concentraría los esfuerzos de la Fiscalía y los particulares en Davis, Novelli y Terrones Godoy. Y estos, a su vez, podrían buscar formas de resarcir a los perjudicados para evitarse mayores consecuencias judiciales.
La opción de resarcir a los afectados por el criptoactivo $LIBRA conlleva el interrogante del “fronting” que sigue por ahora sin respuesta: ¿quién asumiría formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, y con qué fondos? Una posibilidad sería que una plataforma asumiera ese rol –como Ripio, la principal del mercado cripto en América Latina- pero la propuesta incomoda por los riesgos legales y reputacionales que conlleva. (LN)