Copas, "pases", mujeres de otras provincias y libretas
sanitarias. El primer día del juicio contra el intendente de Lonquimay, Luis
Rogers (67), y el subcomisario Carlos Alanis (43)
por trata de personas con fines de explotación sexual reveló, a partir de los
testimonios de dos testigos y del propio jefe policial, que alrededor
del salón de baile "Good Night" se movía el mundo de la prostitución.
Hubo dos hechos que alteraron la rutina de un primer día de
juicio, habitualmente destinado a la lectura del expediente judicial y a
conocer a los cinco acusados. La decisión del subcomisario Alanis,
quien pidió declarar y contestó preguntas en una arriesgada estrategia de la
defensa y el testimonio de Gloria Liliana Abratte, ex empleada
administrativa de la comisaría de Lonquimay, que en 2008 denunció el escándalo
que sacudió este pueblo de unos 1.700 habitantes. "En el
pueblo la prostitución se aceptaba. Era un ingreso que daba actividad
económica", afirmó Abratte, una empleada provincial y militante
social que integró la Asamblea Pampeana por los Derechos Humanos.
El intendente Rogers, en cambio, eligió el silencio. Sólo hizo
una referencia política: "Llevo
tres mandatos y en cada elección tengo más votos. Es un pueblo de
1.700 personas, nos conocemos todos, tenemos la radiografía de cada uno. No se
gana por la estructura política".
En la causa hay otros tres acusados, todos por la figura del 145
bis del Código Penal (trata de personas con fines de explotación sexual), texto
dado por la ley 26.364 de Prevención de la Trata de Personas: Carlos
Fernández (45), propietario del cabaret, y los encargados, Eduardo
Fernández (36), hermano del dueño, y Braian
Sacks (25).
