El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal fue un verdadero mazazo para Juan Ignacio Suris, quien tenía sobradas esperanzas de recuperar la libertad en septiembre, cuando se cumpliese la prisión preventiva en la causa por asociación ilícita fiscal.
En el expediente de narcotráfico estaba desincriminado porque las escuchas habían sido anuladas por el tribunal juzgador. Ahora la historia es diferente: Casación dijo que son válidos, tanto los audios como las transcripciones. Y señaló con duro tono que los magistrados que absolvieron se habían “desviado de la aplicación de la lógica y del sentido común” y que habían tenido “desidia para juzgar un caso grave”. Además, los superiores sostuvieron que “la equívoca aplicación del derecho terminó beneficiando indebidamente a un grupo organizado vinculado al flagelo de la droga que tanto perjuicio provocan en el tejido social”.
Si la fiscalía vuelve a pedir la detención de Suris en la causa de narcotráfico, su salida sería casi imposible. “No será fácil que un juez se anime a soltarlo con el fallo de Casación, con los antecedentes de fuga y con dos juicios pendientes”, analizó un experimentado magistrado consultado por Bahía Indiscreta.
Al cambiar por completo el panorama, Suris podrá analizar distintas opciones para volver a la calle lo antes posible. Se sabe, después de la vida, no hay nada más preciado que la libertad. Eso lo entendió bien su amigo Leonardo Fariña, que no para de hacer explosivas delaciones en tribunales después de acogerse al sistema de protección de imputados para aquellos que aportan información.
Aunque la promocionada “ley del arrepentido” aún no se sancionó en el Senado de la Nación, en la actualidad ya existen dos leyes que Suris seguramente empezará a tener presentes. La primera es la ley 24.424, de estupefacientes y psicotrópicos, que indica que “puede disminuirse la pena hasta la mitad o, incluso, eximirse de ella a quien aporte datos útiles para la investigación o identifique a coautores en las investigaciones por narcotráfico”.
Y si no tuviera intenciones de hablar sobre la tenebrosa trama del narcotráfico, también tiene disponible la Ley 25.241 que habla de los “arrepentidos” en casos de lavado de dinero. Aquí el juez o el tribunal también tienen la potestad de disponer la reserva de la identidad del imputado que hubiere colaborado con la investigación.
Suris siempre se declaró inocente en la causa de drogas. Pero ahora, con todas las pruebas validadas, será difícil mantener su ajenidad, aunque sea al financiamiento de comprobados dealers como Yohana Jiménez o Juan Ramón Romero Miranda.
Un testigo protegido que declaró en una fiscalía provincial habló de la protección policial y señaló que la droga que llegaba a Bahía, comprada por el asesinado empresario Pedro Cajaravilla, provenía de unos narcos colombianos radicados en el Gran Buenos Aires. Suris era amigo de Cajaravilla. Según se consigna textualmente en la causa, el imputado “se apoderó de la agenda de clientes, desarrolló su propio emporio y tomó el control y la dirección del negocio”.
En el caso de las facturas truchas, Suris está confeso. Admitió dedicarse a esa actividad pero negó ser el jefe de una banda dedicada a tal fin. “Lo hacía solo”, dijo.
En esta causa, por citar un ejemplo, el detenido ha nombrado a empresas cuyos dueños son demasiado cercanos al exgobernador Daniel Scioli. También confesó haber “vaciado empresas y dedicarse al lavado de dinero”. Habló de sus negocios con el combustible y vehículos oficiales. Contó de sus vínculos con empresarios del mundo financiero bahiense (que le soltaron la mano) y de los manejos (junto a otra gente) de los subsidios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Si su memoria está lúcida haría empalidecer a más de uno.
También Suris dio detalle de una supuesta operatoria corrupta dentro de la AFIP. Y que ahora se está investigando en la Justicia Federal ¿Tendrá datos? Como por ejemplo de esos dos millones que dice haberle pagado a funcionarios de la AFIP para que no investigaran ¿Quién le dio ese dinero? Por ahí se acuerda. O cuando, en las escuchas, invoca el apellido de un conocido político para que “dejen de romperle la pelotas”.
Pues bien, Suris es consciente que si a todo le pone nombre y apellido puede pedir el perdón judicial en las causas que lo mantienen encerrado. (La Brújula)
