
@marcopalazzov ALCONADA MON Y EL INDULTO A CFK💸 #indulto #cristinakirchner #vialidad ♬ original sound - Marco Palazzo

Bueno, no debería sorprendernos...
Nunca olvidemos que...


¡¡Escuchá a cuánto asciende el total del afano!!



🚨 #URGENTE
— BASES (@BasesLibertad) February 4, 2025
El Gobierno Nacional absuelve a Leonardo Cositorto, Director de Generación Zoe, a través de una resolución de la Comisión Nacional de Valores. pic.twitter.com/w9Ypi5M5f4


Anónimo27 de agosto de 2024, 6:07
MEMORIAAA❗❗❗🧠🧠🧠
Indultos realizados por Carlos Menem
Se conoce como los indultos de Menem una serie de 20 decretos sancionados el 6 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente de la Argentina Carlos Menem, indultando civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de mil doscientas personas.
Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y los indultos de Menem son conocidas como las leyes de impunidad, aunque las dos primeras fueron leyes votadas por el parlamento y con el libre juego de la oposición; en cambio el indulto fue una decisión unilateral, inconsulta y muy posterior a la sanción de las leyes. Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad.
Los indultos de 1989
El 7 de octubre de 1989 el presidente Menem sancionó cuatro decretos indultando a doscientos veinte militares y setenta civiles.
Decreto 1002/89: indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el exgeneral de división Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.
Decreto 1003/89: indultó a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o "desaparecidas". También indultó a militares uruguayos.
Decreto 1004/89: indultó a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988.
Decreto 1005/89: indultó a los exmiembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
Los indultos de 1990
El 29 de diciembre de 1990 el presidente Menem sancionó seis decretos indultando a un nuevo grupo de personas.
Decreto 2741/90: indultó a los exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indultó también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.
Decreto 2742/90: indultó a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros.
Decreto 2743/90: indultó a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos.
Decreto 2744/90: indultó a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos.
Decreto 2745/90: indultó al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
Decreto 2746/90: indultó al exmilitar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.
Inconstitucionalidad de los indultos
Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos.
El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.
SEGÚN JM FUE EL MEJOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA❓❓❗❗
GRACIAS WIKIPEDIA.
Agustín Rossi: "Si fuera presidente, indultaría a Cristina, sin duda... si ella quiere"#DebateADosVoces pic.twitter.com/qc5By4e7rx
— @𝑀𝒶𝓇𝒾𝒶𝐿𝒶𝓊𝓇𝒶𝒟𝑒𝒜𝒸a (@MariaLauraDeAca) November 9, 2023

La líder del movimiento Tupac Amaru reiteró sus críticas ante la falta de decisión del Presidente. En diciembre su condena quedó firme y asegura que la trasladarán a una cárcel común

La líder de la Tupac Amarú, Milagro Sala, le exigió el indulto al presidente Alberto Fernández. Quiere que “use la lapicera” y lleve adelante la norma.
Le dejó un claro mensaje al Presidente, para que “deje de tener miedo” y acciones los medios legales necesarios y se concrete su libertad.
“Peca de creer en los demás”, expresó en referencia a la Corte Suprema de Justicia.

“Cristina Kirchner le ha pedido que use la lapicera. Eso lo tiene que decidir Alberto; la decisión pasa por él más que nada. Que tenga la suficiente valentía de hacerlo y le deje de tener miedo a los medios nacionales opositores, porque por ahí se le tiene miedo a una tapa de diario o una grilla de TN.
“De una vez por todas deje de tener miedo”, aseguró Sala en una entrevista con el diario Página 12.
En ese escenario, consideró que el que la “tiene presa” es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. (Nexofin)
El chape de antaño no arrojó buenos resultados


Es que no tuvo la viveza de recibirlo en bikini o en tanga...
De haberlo hecho quizás hubiera logrado que de la emoción se quedara sin pantalones, como le sucedió a su medio limón minutos antes de casorearse con ella...

¿Y qué dirá a todo esto El Reptil, hijo de Ña Milagro y don Noro?
La guerra contra la Justicia
Las acusaciones son cruzadas. El Gobierno hizo públicas desde antes de asumir, su desacuerdo con el funcionamiento de la Justicia, específicamente aquella que investiga a funcionarios y ex funcionarios. El Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes. En Comodoro Py no son pocos quienes atribuyen ese enfrentamiento a las ocho causas elevadas a juicio oral que tiene Cristina Kirchner y a los expedientes que tienen como principales acusados a gran parte de su último gabinete. En el último año, al menos siete medidas del presidente Alberto Fernández profundizaron esa confrontación.
El primer anuncio sobre la reforma judicial, generó expectativa en algunos sectores de Comodoro Py donde se investigan las causas de corrupción. Pero al conocer la letra del proyecto que el Presidente remitió al Congreso, las dudas se disiparon y arribaron a otra conclusión: buscan diluir el poder de los doce jueces de los Tribunales de Retiro. El Gobierno busca triplicar la cantidad y ampliar el fuero.
La medida que no tiene especificaciones respecto al presupuesto que demandará -considerando que el 90% de los ingresos del Poder Judicial se destinan a la cobertura de salarios-, fue el primero de una serie de anuncios que avivó el enfrentamiento entre la Casa Rosada y parte de ella.
El proyecto de ley de reforma judicial que el oficialimos busca debatir este año no fue el único punto de conflicto. El Presidente creo una comisión que por meses se ocupó de diagnosticar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración y el Consejo de la Magistratura.
Ese grupo de expertos, denominado la “comisión (Carlos) Beraldi”, ya que el abogado de Cristina Kirchner la integró, debía realizar sugerencias sobre cómo mejorar el funcionamiento del máximo tribunal, el que tiene la última palabra en materia jurídica en el país. Un dato: la Corte debe resolver sobre, al menos, seis recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta en el caso donde se la llevó a juicio por la presunta corrupción en la obra pública.
Entre otras cuestiones, la "Comisión Beraldi" propuso un tribunal tapón de la Corte Suprema.
Como parte de un mismo rompecabezas, el Consejo de la Magistratura (con mayoría kirchnerista), responsable entre otras cosas de elegir a los jueces y a su vez, juzgarlos por su desempeño, puso en discusión el traslado de diez magistrados. El procedimiento realizado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri no pasó previamente por el Congreso, algo que avaló la Corte. Sin embargo, el oficialismo decidió que debían ser destituidos.
La discusión llegó al Congreso y sólo debatieron sobre tres jueces: dos de ellos, camaristas, eran quienes confirmaron varios procesamientos contra Cristina Kirchner en el caso de los Cuadernos de las Coimas. El tercero integra el tribunal que la juzgará en dicho expediente. Fue la Corte Suprema la que ordenó que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi regresen a sus cargos en la Cámara federal porteña, pero de manera provisoria. Sus cargos deberán cubrirse con concursos.
Parte del Poder Judicial consideró que la medida buscaba sólo beneficiar al kirchnerismo para ganar espacios en una instancia importante, la Cámara que confirma o no los procesamientos, entre otras cosas. Entonces, el máximo tribunal fue criticado por el Gobierno por su decisión.
El debate se daba en medio de otra decisión adoptada por el Gobierno, modificar el régimen jubilatorio de la justicia. Esto provocó que en último año, para no perder privilegios otorgados por el sistema previsional, 45 jueces se acogieran a su jubilación. Este miércoles, la Anses intimó a más de 200 magistrados y fiscales para que decidan qué hacer con sus trámites previsionales que no concluyeron. Fuentes oficiales, señalaron que se encontraron “con un gran desorden y desmanejo”, ya que desde este mes el organismo de la seguridad social, comenzó a hacerse cargo de las jubilaciones del sector judicial. Otra crítica más.
Las aguas continuaron turbulentas. La Corte con un fallo unánime confirmó la sentencia contra Amado Boudou en el caso Ciccone. El oficialismo no escatimó en sus críticas por la resolución que convirtió al ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner en el primer ex vicepresidente con una condena por corrupción con firmeza. Vino después una decisión similar sobre una de las causas contra Milagro Sala.
En el medio de estas dos resoluciones, la comisión bicameral de monitoreo e implementación del Código Procesal Penal, puso en vigencia un conjunto de artículos en todo el territorio nacional, no progresivamente como se venía haciendo, referidos a cuándo una condena se considerará firme y cuándo la misma podrá revisarse. La decisión impactó en Comodoro Py, que para ejecutar penas hasta el momento, se tomaba en cuenta la decisión de la Cámara de Casación, esa instancia ya no contará.
Como la Corte Suprema no cuenta con plazos para confirmar -o no- una sentencia, la oposición denunció que la medida era una “indulto encubierto”. Esta medida podría favorecer a Lázaro Báez ante una eventual condena, la cual no estará firme hasta que se pronuncie el máximo tribunal. Lo mismo ocurrirá con la vicepresidenta si la encuentran responsable de los delitos atribuidos en el caso de la obra pública, o con Julio De Vido en algunas de las seis causas elevadas a juicio oral.
Dicho escenario se presentó para otro reclamo: parte del kirchnerismo comenzó a exigir indultos presidenciales o una ley de amnistía para los denominados presos K, algo de lo que intenta correrse la Casa Rosada.
El ex juez de la Corte y asesor de Cristina Kirchner, Eugenio Zaffaroni, pidió al Congreso una "ley de amnistía" para ex funcionarios K condenados por corrupción, después de poner en marcha "una comisión de la Verdad del lawfare".
Zaffaroni amenazó al máximo tribunal con una marcha de un millón de personas sobre el palacio de Justicia si sigue confirmando condenadas como las del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. Dijo que la Corte intentó "mojarle la oreja al Presidente Alberto Fernández, con la confirmación de una condena por amenazas a Sala”.
Por otro, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de Cristina, Graciana Peñafort, solicitó a Fernández que “indulte, en el caso muy puntual, a Milagro Sala”. También habían pedido un indulto para Amado Boudou.
A la radiografía del fuego cruzado entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, se le sumó las modificaciones que el kirchnerismo pretende realizar a la ley que rige al Ministerio Público Fiscal. Con esos cambios, buscan -entre otras cosas-, remover al procurador interino, Eduardo Casal, elegir al próximo de los fiscales con una mayoría simple y reformar el sistema de enjuiciamiento de los mismos.
Pero este caso cuenta con una interna propia. El presidente Fernández ya eligió -como parte de sus facultades-, al próximo procurador: el juez Daniel Rafecas. Sin embargo, la medida no es avalada por el kirchnerismo duro y así, hace más de un año que no hay acuerdo dentro del oficialismo para contar con un jefe de fiscales en carácter de titular. (Clarín)
Noticias | El 58% se opone a un indulto presidencial para Cristina Kirchner y sus hijos https://t.co/tVPrNPkxSv
— Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 8, 2021
Siempre muy claro @LuisGasulla
— AcidoyArgentino 🌱💪🏻🎈 (@AcidoyArgentino) December 8, 2020
Los fiscales en Comodoro no se dejan apretar!!
La 🕷 le está pidiendo al Presidente un indulto 🤷🏻♂️ así de fácil.#ArgentinaSinPoliticosChorros sueltos!! pic.twitter.com/hYFa4f3kzZ
Es cierto, el indulto es una facultad que puede decidir un presidente y aplicar por un decreto. Pero no puede otorgárselo a si mismo. De todos modos, el vice tiene inmunidad para ser desplazado solo por juicio político por 2/3 de ambas cámaras. Pero el indulto borra la condena.— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) 18 de mayo de 2019
Así es, pero para q haya indulto debe haber condena, la amnistía es previa a la condena, pero para eso es necesaria un Ley o sea q es facultad del Congreso— Augusto E. Duarte (@AugustoEDuarte1) 18 de mayo de 2019
El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se ha perdonado el cumplimiento de la pena— Eleanor Rigby (@AliciaALink) 19 de mayo de 2019
No nos cabía la menor duda, don Vito. Y de los candidatos que usted propone, lo mismo. pic.twitter.com/ToOrdzfiYp— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 19 de diciembre de 2018