jueves, 18 de febrero de 2021

Los siete puntos que enfrentran al Gobierno con el poder judicial

La guerra contra la Justicia

Los siete puntos que enfrentan al Gobierno con el poder judicial

Hay tensiones por la Corte Suprema, el proyecto de reforma judicial y las presiones K para que el Presidente otorgue indultos a los presos K. La pelea por el Procurador y el traslado de jueces.

Image from Gyazo

Las acusaciones son cruzadas. El Gobierno hizo públicas desde antes de asumir, su desacuerdo con el funcionamiento de la Justicia, específicamente aquella que investiga a funcionarios y ex funcionarios. El Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes. En Comodoro Py no son pocos quienes atribuyen ese enfrentamiento a las ocho causas elevadas a juicio oral que tiene Cristina Kirchner y a los expedientes que tienen como principales acusados a gran parte de su último gabinete. En el último año, al menos siete medidas del presidente Alberto Fernández profundizaron esa confrontación.

1- Reforma Judicial

El primer anuncio sobre la reforma judicial, generó expectativa en algunos sectores de Comodoro Py donde se investigan las causas de corrupción. Pero al conocer la letra del proyecto que el Presidente remitió al Congreso, las dudas se disiparon y arribaron a otra conclusión: buscan diluir el poder de los doce jueces de los Tribunales de Retiro. El Gobierno busca triplicar la cantidad y ampliar el fuero.

La medida que no tiene especificaciones respecto al presupuesto que demandará -considerando que el 90% de los ingresos del Poder Judicial se destinan a la cobertura de salarios-, fue el primero de una serie de anuncios que avivó el enfrentamiento entre la Casa Rosada y parte de ella.

2- Comisión "Beraldi"

El proyecto de ley  de reforma judicial que el oficialimos busca debatir este año no fue el único punto de conflicto. El Presidente creo una comisión que por meses se ocupó de diagnosticar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración y el Consejo de la Magistratura.

Ese grupo de expertos, denominado la “comisión (Carlos) Beraldi”, ya que el abogado de Cristina Kirchner la integró, debía realizar sugerencias sobre cómo mejorar el funcionamiento del máximo tribunal, el que tiene la última palabra en materia jurídica en el país. Un dato: la Corte debe resolver sobre, al menos, seis recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta en el caso donde se la llevó a juicio por la presunta corrupción en la obra pública.

Entre otras cuestiones, la "Comisión Beraldi" propuso un tribunal tapón de la Corte Suprema.

3 - Traslados de jueces

Como parte de un mismo rompecabezas, el Consejo de la Magistratura (con mayoría kirchnerista), responsable entre otras cosas de elegir a los jueces y a su vez, juzgarlos por su desempeño, puso en discusión el traslado de diez magistrados. El procedimiento realizado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri no pasó previamente por el Congreso, algo que avaló la Corte. Sin embargo, el oficialismo decidió que debían ser destituidos.

La discusión llegó al Congreso y sólo debatieron sobre tres jueces: dos de ellos, camaristas, eran quienes confirmaron varios procesamientos contra Cristina Kirchner en el caso de los Cuadernos de las Coimas. El tercero integra el tribunal que la juzgará en dicho expediente. Fue la Corte Suprema la que ordenó que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi regresen a sus cargos en la Cámara federal porteña, pero de manera provisoria. Sus cargos deberán cubrirse con concursos.

Parte del Poder Judicial consideró que la medida buscaba sólo beneficiar al kirchnerismo para ganar espacios en una instancia importante, la Cámara que confirma o no los procesamientos, entre otras cosas. Entonces, el máximo tribunal fue criticado por el Gobierno por su decisión.

4 - Reforma del sistema jubilatorio

El debate se daba en medio de otra decisión adoptada por el Gobierno, modificar el régimen jubilatorio de la justicia. Esto provocó que en último año, para no perder privilegios otorgados por el sistema previsional, 45 jueces se acogieran a su jubilación. Este miércoles, la Anses intimó a más de 200 magistrados y fiscales para que decidan qué hacer con sus trámites previsionales que no concluyeron. Fuentes oficiales, señalaron que se encontraron “con un gran desorden y desmanejo”, ya que desde este mes el organismo de la seguridad social, comenzó a hacerse cargo de las jubilaciones del sector judicial. Otra crítica más.

5 - Acusaciones contra la Corte

Las aguas continuaron turbulentas. La Corte con un fallo unánime confirmó la sentencia contra Amado Boudou en el caso Ciccone. El oficialismo no escatimó en sus críticas por la resolución que convirtió al ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner en el primer ex vicepresidente con una condena por corrupción con firmeza. Vino después una decisión similar sobre una de las causas contra Milagro Sala.

En el medio de estas dos resoluciones, la comisión bicameral de monitoreo e implementación del Código Procesal Penal, puso en vigencia un conjunto de artículos en todo el territorio nacional, no progresivamente como se venía haciendo, referidos a cuándo una condena se considerará firme y cuándo la misma podrá revisarse. La decisión impactó en Comodoro Py, que para ejecutar penas hasta el momento, se tomaba en cuenta la decisión de la Cámara de Casación, esa instancia ya no contará.

Como la Corte Suprema no cuenta con plazos para confirmar -o no- una sentencia, la oposición denunció que la medida era una “indulto encubierto”. Esta medida podría favorecer a Lázaro Báez ante una eventual condena, la cual no estará firme hasta que se pronuncie el máximo tribunal. Lo mismo ocurrirá con la vicepresidenta si la encuentran responsable de los delitos atribuidos en el caso de la obra pública, o con Julio De Vido en algunas de las seis causas elevadas a juicio oral.

6 - Ley de Amnistía o indultos

Dicho escenario se presentó para otro reclamo: parte del kirchnerismo comenzó a exigir indultos presidenciales o una ley de amnistía para los denominados presos K, algo de lo que intenta correrse la Casa Rosada.

El ex juez de la Corte y asesor de Cristina Kirchner, Eugenio Zaffaroni, pidió al Congreso una "ley de amnistía" para ex funcionarios K condenados por corrupción, después de poner en marcha "una comisión de la Verdad del lawfare".

Zaffaroni amenazó al máximo tribunal con una marcha de un millón de personas sobre el palacio de Justicia si sigue confirmando condenadas como las del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. Dijo que la Corte intentó "mojarle la oreja al Presidente Alberto Fernández, con la confirmación de una condena por amenazas a Sala”.

Por otro, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de Cristina, Graciana Peñafort, solicitó a Fernández que “indulte, en el caso muy puntual, a Milagro Sala”. También habían pedido un indulto para Amado Boudou.

7 - La pelea por la procuración

A la radiografía del fuego cruzado entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, se le sumó las modificaciones que el kirchnerismo pretende realizar a la ley que rige al Ministerio Público Fiscal. Con esos cambios, buscan -entre otras cosas-, remover al procurador interino, Eduardo Casal, elegir al próximo de los fiscales con una mayoría simple y reformar el sistema de enjuiciamiento de los mismos.

Pero este caso cuenta con una interna propia. El presidente Fernández ya eligió -como parte de sus facultades-, al próximo procurador: el juez Daniel Rafecas. Sin embargo, la medida no es avalada por el kirchnerismo duro y así, hace más de un año que no hay acuerdo dentro del oficialismo para contar con un jefe de fiscales en carácter de titular. (Clarín)


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