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jueves, 4 de junio de 2020

En silencio: el Gobierno reglamentó el "cyberespionaje"

Pasó por debajo del radar. Pero en el Boletín Oficial de ayer, el Gobierno reglamentó un procedimiento para instrumentar el llamado "cyberpatrullaje". "Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas" es el nombre que el Ministerio de Seguridad le dio a la resolución 144/20, firmada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
En principio, el protocolo tendrá vigencia durante el plazo de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por ley 27.541, luego ampliada por los decretos que, desde el 12 de marzo, receptaron los cambios por la pandemia de coronavirus. Dicho de otra forma, se aplicará hasta que no ceda la ley de las nueve emergencias previstas en la norma, que se sancionó a fines de 2019.
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"Instrúyese a los Jefes de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina a ajustar a los principios, criterios y directrices generales establecidos en el Protocolo General aprobado por la presente resolución, las regulaciones de cada cuerpo policial o fuerza de seguridad relativas a las tareas de prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas", dice la norma en sus primeros artículos.
Pero sin duda, las cuestiones más polémicas están en el anexo, que forma parte de la resolución. En principio, se establece que el cyberpatrullaje se llevará a cabo siempre en fuentes digitales abiertas, a las que describe como "medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la ley de protección de datos personales".
Luego se establece la nómina de delitos que se investigarán. En principio, se aplicará a la prevención policial del delito en el "espacio cibernético", para procurar el conocimiento de posibles "conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria".
El Gobierno estableció que las cyberpatrullas caminarán la red en busca de conductas vinculadas a la "comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente". Además, estarán alertas a "los ataques informáticos a infraestructura crítica, en especial a hospitales y a centros de salud".
Pero, claro, el punto crítico está en el artículo 3. También se aplicará a los "delitos relativos a los que hace referencia el decreto 260/2020". ¿Qué establece esa norma? Pues la ampliación de la emergencia sanitaria y el establecimiento del aislamiento preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena. Y justamente en ese decreto están las penalidades por romperlo.
La pregunta que se hacen varios penalistas es si el protocolo servirá para controlar a quienes, por ejemplo, convocan a una marcha como sucedió en los últimos días. Y la respuesta es que dan a primera vista es que sí, que podría utilizarse para eso.
Pero Fredecic no se conformó con la definición de las conductas reprochables que buscarán en Internet. En el artículo 4° se reservó, mediante la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, la posibilidad de disponer "la definición de los indicadores delictivos que orientarán la actividad preventora de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad".

martes, 19 de mayo de 2020

domingo, 12 de abril de 2020

Gabriel Solano en modo opositor

Volvieron mejores: del Proyecto X al ciberpatrullaje


Volvieron mejores: del Proyecto X al ciberpatrullaje
La confesión de la ministra de Seguridad Sabina Frederic reconociendo que su gobierno estaba realizando un ´ciberpatrullaje´ en las redes sociales generó de inmediato un gran revuelo político. Recordemos que la Ministra se inscribe en la llamada fracción “garantista” del gobierno, razón por la cual venía teniendo varios choques con su par bonaerense, Berni. La defensa del ciberpatrullaje, sin embargo, recuerda al plan de espionaje denominado Proyecto X que había aplicado justamente Berni a través de Gendarmería cuando estuvo a cargo de la cartera de Seguridad bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Para atajarse de las críticas, Frederic recordó que la medida había sido aplicada también por Patricia Bullrich bajo el gobierno del macrismo. La aclaración sirvió para superar la “grieta”: el espionaje, cibernético o no, es común a todos los gobiernos capitalistas.
En su exposición en el Congreso la funcionaria justificó la medida alegando que le permite al gobierno “medir el humor social”. Pero para eso existen las encuestas de opinión, no el ciberespionaje. Agregó, además, que permitía “estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos”. Estamos ante una medida de alcance represivo llevada adelante por el mismo Estado que no atiende las enormes necesidades sociales insatisfechas que se ven agravadas por la cuarentena dispuesta para combatir la pandemia. En la misma línea debe entenderse el despliegue del Ejército en las barriadas más sumergidas del conurbano bonaerense para repartir la asistencia alimentaria, la otra razón dada por la Ministra.
Ante el repudio generado, la Ministra quiso aclarar que su acción de ningún modo equivale a un trabajo de espionaje porque las fuerzas de seguridad se limitan a relevar y sistematizar información que es de carácter público. Sin embargo Frederic quiere ignorar que en las redes sociales las personas opinan en su propio nombre, por lo que el ciberpatrullaje opera como una acción intimidatoria sobre los ciudadanos, que a partir de ahora saben que sus opiniones, denuncias o planteos están siendo relevados por las fuerzas de seguridad. Esta intimidación afecta la libertad de expresión, sea por forzar una autocensura o por las represalias que eventualmente pueden recibir los ciudadanos por sus opiniones.
Junto con esto a las fuerzas de seguridad se les otorga la facultad de considerar en qué casos esas opiniones o planteos constituyen un delito o una incitación a que sean cometidos. Un llamado a repudiar la eliminación de la movilidad jubilatoria, o proponer un cacerolazo contra los despidos, o declarar la necesidad de un control popular de la ayuda alimentaria que se distribuye en las barriadas podría aplicar perfectamente dentro de la categoría, sea porque hacen al humor social o porque pueden entenderse como una ruptura de la cuarentena.
Repudiamos estas medidas de espionaje sobre la población, que refuerzan el carácter conspirativo del Estado, la intimidación sobre la ciudadanía y la persecución de la oposición. (Prensa Obrera)

jueves, 9 de abril de 2020

Y esto recién arranca



miércoles, 8 de abril de 2020

Comunicado de Juntos por el Cambio



Gracias @osvaldobazan por defender la libertad de expresión. VIDEO



Y la Sabina te lo cuenta así, lo más sueltita de cuerpo y sin siquiera peinarse. VIDEO

¿Lo dijo el día de su baño anual o fuera de esa fecha?