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Nota del mes de abril 2025
l presidente Javier Milei arribará a Estados Unidos con una noticia incómoda: un ex fiscal del distrito federal de Nueva York prepara una demanda colectiva por el caso $LIBRA que lo tendrá como epicentro. ¿La premisa? Planteará que el lanzamiento de esa “memecoin” conllevó la comisión de múltiples delitos de jurisdicción federal en aquel país.
Timothy Treanor, un ex fiscal federal del Departamento de Justicia, ultima los detalles para radicar la denuncia penal y el reclamo de resarcimiento que podría superar los 800 millones de dólares para los inversores perjudicados ante la Corte Federal de Nueva York, tras completar una investigación preliminar sobre lo que ocurrió antes, durante y después de que el presidente Milei promocionara ese criptoactivo en la red social X, el 14 de febrero pasado.
La decisión de Treanor de avanzar contra los gestores, impulsores y beneficiarios de $LIBRA en el fuero federal de Estados Unidos se suma a la demanda colectiva –“class action”, en inglés- que otro estudio jurídico, Burwick Law, presentó ante la corte estadual de Nueva York el 17 de marzo. Ese reclamo, de índole comercial, se centró en los derechos afectados de los consumidores e incluyó al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora entre los demandados, pero excluyó a Milei.
El estudio Burwick excluyó también de manera deliberada entre los demandados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros protagonistas argentinos de $LIBRA. Entre ellos, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy, al colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros. ¿Por qué? Para evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.
Especializado en litigios contra los autores de fraudes con criptoactivos, Treanor se apresta a recorrer otro camino. ¿Cuál? Presentar una denuncia por la presunta comisión de los supuestos delitos de fraude y manipulación de mercado, e incluso baraja invocar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (la “RICO Act”, en inglés), que penaliza las actividades delictivas del crimen organizado, para reclamar un resarcimiento civil.
Según las leyes y normas procesales estadounidenses, ese resarcimiento civil podría triplicar el monto involucrado en el malhacer, que en este caso rondaría los 280 millones de dólares. Por tanto, el monto del reclamo civil podría ascender a 840 millones de dólares.
El anuncio sobre la nueva ofensiva judicial en Estados Unidos por $LIBRA llega en momentos en que Milei se apresta a viajar esta noche a ese país para reunirse con Donald Trump en una mansión de Mar-a-Lago, en el sur del estado de Florida, donde el presidente estadounidense fijó su residencia privada.
Treanor buscará, en particular, que la Corte federal de Nueva York determine que los ahorristas que invirtieron en $LIBRA tras el posteo del presidente Milei fueron engañados en su buena fe, y que afrontaron operaciones que manipularon la cotización del memecoin y los llevaron a sufrir pérdidas multimillonarias.
La ofensiva judicial de Treanor, además, correrá en paralelo al “reporte de operaciones criminales” que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los días que siguió al lanzamiento de $LIBRA, y que ya derivó en la emisión de las primeras órdenes de presentación de información –“subpoenas”- en aquel país a diversas plataformas de operaciones.
Falta de explicaciones
LA NACION procuró consultar al presidente Milei y a su hermana Karina, desde que estalló el escándalo, el 14 de febrero, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Este diario también procuró consultar a Davis y a su abogado en Estados Unidos, Brian Klein, pero tampoco obtuvo respuesta al cierre de esta edición. En su última declaración pública, el CEO de la firma Kelsier Ventures reafirmó que actuó de buena fe. “Solo quise y pretendí que $LIBRA tuviera éxito. Kelsier y yo no nos hemos movido y seguiremos protegiendo las cripto que tenemos vinculadas a $LIBRA”, sostuvo el 10 de marzo. “Existen reclamos contrapuestos por esa cripto”, indicó, “y estamos trabajando con abogados de Argentina y Estados Unidos para encontrar una solución”.
En ese sentido, Davis contrató en Buenos Aires a los letrados Marcos Salt y Natalia Sergi, quienes ya se presentaron en el expediente que está en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano en los tribunales de Comodoro Py, en tanto que la Cámara Federal de San Martín debe definir si la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo, es competente para impulsar la investigación o debe remitir sus actuaciones a su colega Servini.
De acuerdo a los números que manejan Treanor y sus colaboradores, el lanzamiento y colapso de $LIBRA generó pérdidas millonarias a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores que fueron víctimas de un “esquema de inversión” en un criptoactivo que resultó fraudulento.
Exfiscal federal y exsupervisor en la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Treanor se desempeñó luego al frente del área de “delitos de cuello blanco” de la firma Sidley Austin LLP, uno de los estudios más prestigiosos del mundo en la materia, que abarca delitos económicos y financieros complejos, casos de corrupción y lavado de activos, y fraudes corporativos. (La Nación)
