El pasado 27 de junio, Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete en medio de una fuerte presión política y de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La renuncia coincidió con el Mundial y, si bien se creía que esto iba a colaborar para que el tema quedara relegado, la investigación siguió avanzando y cada vez se complica más para el exfuncionario.
El jueves la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación (DAFI) le entregó al fiscal Gerardo Pollicita un informe sobre la evolución patrimonial de Adorni, del que espera obtener más precisiones sobre las inconsistencias.
De esta manera se concreta la primera etapa de la investigación. Una vez que finalice la feria judicial de invierno, la fiscalía formulará el “requerimiento de justificación patrimonial”, es decir, el pedido para que justifique cómo elevó su nivel de vida desde que llegó a la función pública con el gobierno de Javier Milei.
El fiscal, por su parte, estuvo esperando hasta ahora el informe de la DAFI para completarlo el “requerimiento de justificación patrimonial”. Este análisis cuenta con 7 puntos: incluye un detalle de la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre (para cada ejercicio); identificar los ingresos y demás fuentes de fondos de todo tipo, con y sin respaldo, además de establecer el origen; reconstruir las entradas y salidas de fondos del período e integrar, en una misma secuencia económica, las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o moneda extranjera y las cancelaciones de pasivos que surjan de la documentación y de las declaraciones testimoniales.
También requirió una comparación de las declaraciones juradas y rectificaciones; el análisis de la operatoria informada por las plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo los depósitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas; determinación del costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas; la elaboración de una ecuación patrimonial anual y acumulada que compare los ingresos lícitos y disponibilidades iniciales acreditados con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. (BardeoNews)
Ampliación: Gemini
