En diciembre de 2008 se sancionó la ley 26.475, que dispuso la extinción de los beneficios especiales de quienes usurparon cargos en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y el final de la dictadura. En 2010 por una investigación realizada por dos fiscales de la Unidad Fiscal de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) solicitaron al Ministerio de Trabajo que se le revoque este privilegio a diversos exfuncionarios entre los que se encuentra Guillermo Lousteau Heguy.2 AMPLIACIÓN