Ningún KAKA va a saber leer la cifra del decomiso y ejecución de los bienes de LA REA Y SU CRÍA. 😁😂🤣
684.990.350.139,86
¡Ahhh... pero ES INOCENTE!
(¡Y lo que no lograron encontrarle!)
Lo dispuso la sala IV de Casación Federal en la causa vialidad, la medida también alcanzará a Lázaro Báez. Se rechazaron todos los recursos presentados por las defensas.
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Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca uno ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.
También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, y a otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.

A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.

En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.

La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.

El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.
El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.
La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.
La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes.

Según lo reconstruido por Infobae, esta acción respondió al avance de causas como la de “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia acabó por dictar embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos. (Infobae)
Causa Vialidad: la Justicia ordenó ejecutar bienes de Cristina Kirchner (ámbito)
Por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal convalidaron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 en el expediente por la obra pública. La medida alcanza también a las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner y del empresario Lázaro Báez.
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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la sentencia por la causa Vialidad. El fallo alcanza a unos 111 inmuebles en total, entre los que se encuentran activos de la expresidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, de Lázaro Báez y de la empresa Austral Construcciones.
La Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky (*) y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de las defensas y convalidó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2, el cual, el 18 de noviembre del año pasado, dispuso la incautación de 84 propiedades de Báez, una de Fernández de Kirchner, siete de compañías vinculadas al empresario de la construcción y 19 de los hijos de la exmandataria.
En el fallo, los magistrados dispusieron el decomiso de los bienes que serán tasados y posteriormente ejecutados "a los fines de satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito" que se impuso en la causa y que alcanza a la suma que actualmente asciende a $684.990.350.139,86.
Bienes heredados
Las defensas de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner cuestionaron previamente que el decomiso alcanzara a bienes de éstos últimos dado que no fueron condenados en la causa. Adujeron que el fallo del Tribunal afecta a propiedades heredadas de parte del expresidente Néstor Kirchner mediante un proceso sucesorio o por una cesión de parte de su madre en el año 2016.
También afirmaron que en algunos casos, la compra original por parte del matrimonio fue previa a la maniobra sindicada por la Justicia y exigían una reconstrucción contable exhaustiva de los flujos de dinero, desde su origen hasta la actualidad.
Pero por mayoría, Casación convalidó los parámetros elegidos por el TOF 2 y, además, consideró que los bienes pueden ser decomisados incluso aún cuando hubiera sido transferidos a terceros mediante herencia. Asimismo, rechazaron el planteo de reconstrucción histórica del movimiento del dinero "carece de sustento normativo, y desconoce las características propias de la criminalidad económica compleja".
Asimismo, argumentaron que "no se trata de atribuir responsabilidad penal ni a los presentantes ni a Néstor Kirchner de quien heredaron, en parte, los bienes a decomisar", sino de cumplir con el artículo 23 del Código Penal que señala que “cuando con el producto o provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se producirá contra éste”.
Los jueces de Casación señalaron que es "materialmente imposible exigir una trazabilidad científica" en delitos extendidos durante más de una década. "Basta con acreditar la coincidencia temporal, la razonabilidad económica y la vinculación funcional entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva”, aseguraron.
Los votos
En base a dichos argumentos, por unanimidad convalidaron la decisión del Tribunal Oral Federal en cuanto a la ejecución de bienes a decomisar. Para Hornos, presidente de la Cámara de Casación, el decomiso apunta a recuperar activos provenientes del delito.
En ese sentido, señaló que el objetivo es "impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo", por lo cual consideró que "carecería de sentido imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos".
Para Hornos, la recuperación de activos resulta "indispensable" para evitar que la sentencia "quede reducida a una declaración formal" mientras los bienes "derivados de la maniobra" continúan produciendo "efectos patrimoniales”.
A propósito de la queja interpuesta por las defensas de Máximo y Florencia de Kirchner para conservar los bienes heredados, el titular de Casación argumentó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
Barroetaveña acompañó la justificación de Hornos y convalidó los parámetros utilizados por el TOF 2 para individualizar los bienes a decomisar. Señaló en esa línea que la ejecución debe abarcar al patrimonio ilícito derivado de la maniobra, incluyendo bienes que estuvieran en manos de los condenados como también aquellos que hubieran sido transferidos a terceros.
Borinsky se expresó con un voto de disidencia parcial. Si bien coincidió en los criterios genéricos utilizados para ordenar el decomiso eran correctos, advirtió, en sintonía con las defensas de Máximo y Florencia Kirchner que la resolución del TOF 2 presentaba "defectos de fundamentación al momento de aplicar dichos estándares puntualmente a una serie de inmuebles" previamente adquiridos a los hechos.
En ese sentido, Borinsky propuso anular los decomisos de 19 inmuebles, cinco de los cuales corresponden al hotel “Los Sauces”. El juez también manifestó argumentos similares respecto de inmuebles decomisados a las empresas “Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL” y “Kank y Costilla SA”, sociedades vinculadas a Lázaro Báez.
Mario Villar, fiscal ante la Casación, había manifestado que aquellas personas que tengan alguna reivindicación sobre la situación judicial relacionada a los bienes a decomisar deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que ordenó el TOF 2 y que ahora convalidó Casación. (ámbito)
MARIANO BORINSKY





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