El silencio de los medios K: Carrió le gana un juicio a Ricardo Echegaray

La Justicia condenó al Titular de la AFIP a pagar las costas del juicio

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2015.

La diputada Nacional Elisa Carrió le ganó un juicio al Titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien había pedido una declaración de certeza por afirmaciones que Lilita hizo en declaraciones públicas. El Juez rechazó el pedido de Echegaray y lo condenó a pagar las costas del juicio.

"La sustancia de las opiniones expresadas darán la medida de la relación con la tarea representativa que no se agota con la atribución legislativa, pues los legisladores ejercen también control. Desde esa perspectiva resulta conveniente señalar que, en ocasiones, permitir límites a la inmunidad de opinión de los legisladores llevaría a neutralizar las críticas de la oposición, con lo cual la función de control quedaría cercenada", sostuvo el Juez.

Los dichos de Carrió motivo de la demanda son:1) Que Echegaray ocupó el cargo en la Dirección Regional de la Aduana de Comodoro Rivadavia “para garantizar impunidad a Conarpesa”. 2) Que Echegaray “se enriqueció con los feedlots” y que “no puede explicar sus bienes”. 3) Que Echegaray “es un ladrón”. El objeto de la demanda tenía como finalidad que se declare en sede judicial que la difusión de esas expresiones efectuadas por la demandada son inexactas y consecuentemente falsas, y que se ordene la publicación de la sentencia.

Y el juez rechazó el planteo por ser improcedente su intervención al no estar previsto por la ley; en tanto es un planteo meramente consultivo que requería una declaración que no puede ser evacuado por la vía judicial. Es decir, en cada caso y mediante las vías judiciales pertinentes debe probarse cada hecho en particular pero no la "verdad" o no de una afirmación. Al respecto señala que para la procedencia de una demanda declarativa de certeza:

"Sus requisitos son: 1) el estado de incertidumbre, 2) el perjuicio o lesión actual, y 3) la inexistencia de otro medio legal idóneo.En la particular controversia de autos no se encuentra reunido el primer requisito mencionado precedentemente. Es que, analizada la prueba ofrecida y los dichos de ambas partes en sus escritos introductorios, se advierte que resulta inadmisible la acción de certeza promovida por Echegaray contra la Diputada Nacional Carrió por sus dichos en un programa de televisión por cable, toda vez que no media una situación de incertidumbre, por cuanto la demandada reconoce los dichos formulados en el programa referido, y la pretensión articulada aparece orientada a cuestionar esos dichos".

El fallo también hace un análisis profundo de los alcances de la inmunidad de opinión de los legisladores y explica por qué debe ser interpretada en el sentido más amplio, en virtud del constitucionalismo francés, que en esa cláusula constitucional hemos adoptado como modelo. Al respecto dice:

"El Congreso de la Nación es un órgano eminentemente deliberativo, y la libertad de expresión de sus miembros ha sido considerada como imprescindible para el desempeño del cargo.
Al privilegio consiguiente se lo conoce con el título de “inmunidad” de opinión, y mediante él, a tenor del art. 68 de la constitución, ninguno de los miembros del congreso poder ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o los discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Esta regla, de obvia protección al libre ejercicio de su función, tutela al legislador durante toda su vida, esto es, aun habiendo concluido su mandato.

La Corte Suprema en el caso antes mencionado “Fiscal c/ Benjamín Calvete”, resolvió el 19 de septiembre de 1864 que esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto, porque si hubiera un medio de violarla impunemente, él se emplearía con frecuencia por los que intentaren coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio y frustrada la constitución en una de sus más sustanciales disposiciones.

Las inmunidades legislativas nacieron ante la necesidad de proteger al Parlamento de las presiones e interferencias de la Corona a fin de asegurar el ejercicio libre e independiente de la función legislativa y –a través de ella-, proteger los derechos de sus representados.

Dado que la inmunidad es funcional, protege tanto la actividad específica y directamente legislativa de los congresistas como cualquier expresión de estos, siempre que tenga conexión con la tarea de representación popular que inviste.

Fuente: Sala de Prensa Elisa Carrió